Embargan cuentas de la iglesia católica en Puerto Rico por impago de jubilaciones
Cuentas de la iglesia católica en Puerto Rico están embargadas como parte de la demanda de maestros jubilados que exigen el pago de sus pensiones y, presuntamente, según una denuncia realizada hoy, la Archidiócesis de San Juan retiró medio millón de dólares antes de que se ordenara la medida.
La Arquidiócesis de San Juan habría, supuestamente, retirado 500.000 dólares de una de sus cuentas antes de que el juez Anthony Cuevas Ramos emitiera el pasado mes de marzo una orden de embargo contra la iglesia católica como parte de la demanda de maestros jubilados de escuelas de esa confesión que llevan 2 años sin cobrar sus pensiones.
La iglesia católica asegura no contar con fondos para pagar las pensiones de los que fueron sus maestros durante décadas, personas, algunas, de edad avanzada y que necesitan esos pagos, que pueden oscilar entre los 100 y 300 dólares, para llegar a fin de mes.
Arquidiócesis presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos -país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado- para detener los embargos, que según informan medios locales ha provocado que empleados de la iglesia católica se hayan quedado sin cobrar sus salarios debido a la falta de fondos.
Los embargos comenzaron la pasada semana, cuando un juez reactivó la orden que emitió en marzo y que fue paralizada durante meses a acusa de las apelaciones de la iglesia católica.
En 2016 comenzó la disputa judicial, cuando los maestros jubilados dejaron de percibir sus pensiones por parte del Fideicomiso del Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas.
Germán Brau, uno de los abogados que defiende a los jubilados, señaló hoy a Efe que el tribunal encargado del caso ordenó el embargo a la iglesia católica una vez que la institución religiosa asegurara no contar con efectivo para hacer frente al pago de las pensiones de sus antiguos maestros.
El impago de las pensiones afecta en concreto a tres escuelas de San Juan.
El abogado aclaró que para que sus clientes cobren lo que se les adeuda no se recurrirá al embargo de activos relacionados con el culto, pero sí a cuentas y propiedades con que la iglesia católica cuenta en Puerto Rico.
El despacho de abogados del que Brau es socio representa a 184 maestros de tres escuelas de San Juan que llevan 2 años sin cobrar sus pensiones.
Brau matiza que este caso ha atraído el interés mediático debido a que la iglesia católica es en este caso el patrón en una disputa laboral, pero que situaciones como estas se viven a diario en Puerto Rico.
El abogado indicó que se trata de una auténtica tragedia humana para sus defendidos, ya que se trata de personas mayores que necesitan esos cientos de dólares para subsistir al vivir de las pensiones de la iglesia católica y lo que les llega del seguro social.
Dijo que la iglesia católica sabía desde hace cerca de 20 años que el plan de jubilaciones para sus maestros iba a quedar en estado de insolvencia, por lo que tenía que haber alertado de la situación a sus empleados para que tomarán las medidas necesarias.
El jurista indicó que su despacho cuenta con información que atestigua que la iglesia católica vació algunas de sus cuentas una vez que la sentencia judicial estableció el pago embargo de activos de la institución por el impago a sus antiguos maestros.
Brau matizó que la demanda está dirigida contra la iglesia católica en Puerto Rico como institución en su conjunto y no contra personas jurídicas concretas en representación de las escuelas que dejaron de pagar a sus antiguos maestros por falta de medios.
El abogado de la Arquidiócesis, Pedro Busó, anunció que se presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de EEUU para que se detengan los embargos.
El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, señaló a través de un comunicado que el plan de las jubilaciones se administraba por un fideicomiso (una entidad jurídica independiente) y no por ninguna otra entidad.
González Nieves asegura además que la sentencia va contra el derecho canónico, ya que el Tribunal Supremo de Puerto Rico convirtió “a todas las entidades católicas de la isla en una sola alcancía”, violentando el debido proceso de ley, el derecho de una religión a organizarse internamente y, sobre todo, contra la misión y la caridad de la iglesia.
Recordó que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sin vista alguna, ordenó la cifra de 4,7 millones pagaderas en 24 horas, dinero que la Arquidiócesis de San Juan no tiene.
“Me atrevo a pensar que la iglesia en todo Puerto Rico vive una persecución injustificada”, concluyó.
