Las promesas electorales que López Obrador deberá encarar como presidente
Transcurridos casi dos meses desde que ganó las elecciones mexicanas, Andrés Manuel López Obrador está perfilando la que será su Presidencia a partir del 1 de diciembre y en la que no cabrán algunas de las promesas que hizo durante la campaña electoral.
La larga transición de cinco meses se está caracterizando por un perfil bajo del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, que contrasta con la actividad frenética de López Obrador, quien continuamente ofrece ruedas de prensa, se reúne con su gabinete o recibe delegaciones internacionales.
Pero durante este tiempo parece haber dejado aparcadas algunas de sus promesas electorales, ya sea por el discurso moderado que ha adoptado desde su victoria o por las dificultades para llevarlas a cabo.
El líder izquierdista se había erigido como un firme opositor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM), la infraestructura más ambiciosa del mandato de Peña Nieto, por considerarla muy costosa y dañina para el medio ambiente.
Por ello, López Obrador había propuesta frenar en seco las obras del aeródromo, iniciadas en 2014 y con un costo previsto de 13.000 millones de dólares.
Sin embargo, en la recta final de campaña matizó su postura en un foro con empresarios del sector turístico y abrió la puerta a revisar el proyecto en lugar de cancelarlo de forma inmediata.
El pasado viernes, el presidente electo aclaró finalmente la postura de su gobierno, que pasará por una consulta ciudadana y vinculante para que los mexicanos decidan si la magna obra de Peña Nieto debe seguir adelante o debe ser cancelada.
Uno de los lemas que ha abanderado López Obrador en los tres comicios presidenciales en los que concurrió es el de echar de las instituciones a la llamada “mafia del poder”, en referencia al establishment del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Es por ello, que el izquierdista decepcionó a muchos de sus propias filas cuando anunció que situará al frente de la Comisión Federal de Energía a Manuel Bartlett, quien fuera secretario de Gobernación durante la presidencia del priista Miguel de la Madrid (1982-1988).
De hecho, la izquierda mexicana ha acusado tradicionalmente a Bartlett por haber orquestado un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 1988, cuando el priista Carlos Salinas de Gortari se impuso contra pronóstico al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas.
Una de las prioridades del próximo mandatario es la lucha contra la inseguridad que sufre México, que cerró 2017 con cifras récord de homicidios.
Durante su campaña, López Obrador prometió la creación de la Guardia Nacional, un mando policial único integrado por miembros del Ejército, la Marina y la Policía; y dedicado a combatir la criminalidad.
Sin embargo, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, descartó la semana pasada esta propuesta porque requiere de “una serie de modificaciones legales que en este momento no tienen sentido”, según aseguró ante la prensa.
Ya antes de las elecciones, López Obrador se retractó y negó que fuera a derogar la reforma energética, impulsada por Peña Nieto para liberalizar el sector de hidrocarburos, sino que se limitará a revisar los contratos entre empresas privadas y la administración.
Más contundente se ha mostrado con la reforma educativa, que López Obrador criticó por haberse realizado “sin la opinión de los maestros”, pero todavía debe concretar cómo va a revertirla.
Todos estos cambios programáticos se enmarcan en una estrategia del presidente electo de moderar su imagen tras ser acusado por la oposición de radical y de próximo al chavismo.
En la misma noche electoral del 1 de julio, en la que arrasó con el 53 % de los votos, el líder izquierdista optó por tranquilizar a los mercados y, posteriormente, ofreció un discurso conciliador al prometer una transición “ordenada y pacífica”.
