Piden a Guatemala y México no ser indiferentes a las víctimas de Tamaulipas
Colectivos, asociaciones, entes y organizaciones en favor de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados pidieron hoy a Guatemala y México no ser indiferentes al caso de los 72 migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010 en el estado nororiental mexicano de Tamaulipas.
Durante un encuentro celebrado este sábado, la procuradora adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Miriam Roquel, dijo que ambos Estados “no pueden seguir siendo indiferentes” con las víctimas de esa masacre.
Ocho años después de este hecho, los colectivos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, aglutinados en la Red Verdad y Justicia, aseguraron que los Gobiernos de la región están incumpliendo con la búsqueda de verdad y justicia para estas personas, en su mayoría migrantes provenientes de Centro y Suramérica.
“Cómo me gustaría decir que hubo justicia, lamentablemente no hemos recibido nada de los Gobiernos de México y Guatemala”, aseguró Glenda García, de la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala.
Los colectivos, más de una decena, aseguran que la investigación de este crimen “adolece” de resultados que permitan esclarecer los hechos y las causas que motivaron “esta grave violación a los derechos humanos” y lamentan que los Estados no reparasen íntegramente a las víctimas.
Asimismo, denuncian que no son informados de los avances, que no se busca investigar si hubo participación de agentes estatales y que a ochos años de la tragedia solo hay una orden de aprehensión y once procesados sin sentencia.
Según la ONU, el caso conocido como la matanza de San Fernando pone de relieve las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, al igual que otras tragedias como el homicidio de 49 migrantes en 2012 en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Esta misma semana, la Cancillería de Ecuador informó que el Gobierno mexicano compensó a 48 ecuatorianos -una víctima directa que sobrevivió y 47 víctimas indirectas- por la masacre, atribuida al cártel de los Zetas el 22 de agosto de 2010 en San Fernando.
Dicho crimen es una de las mayores matanzas de migrantes registrada en México y, de acuerdo con documentos desclasificados de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) mexicana, la masacre fue perpetrada por miembros de la organización criminal de Los Zetas en complicidad con policías municipales.
