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Grupo de legisladores pide sancionar a 4 nicaragüenses cercanos a Ortega

Un grupo de legisladores pidió hoy en una carta al presidente, Donald Trump, que emita sanciones bajo la "ley Magnitsky" contra cuatro nicaragüenses, incluidos dos hijos del mandatario, Daniel Ortega. EFE/ARCHIVO

Un grupo de legisladores pidió hoy en una carta al presidente, Donald Trump, que emita sanciones bajo la “ley Magnitsky” contra cuatro nicaragüenses, incluidos dos hijos del mandatario, Daniel Ortega. EFE/ARCHIVO

EFE

Un grupo de legisladores pidió hoy en una carta al presidente, Donald Trump, que emita sanciones bajo la “ley Magnitsky” contra cuatro nicaragüenses, incluidos dos hijos del mandatario, Daniel Ortega.

Los políticos señalaron a Laureano Ortega Murillo, “hijo y posible sucesor” del presidente de Nicaragua y a otro de sus vástagos, Juan Carlos Ortega Murillo, al que acusan de supuestos esfuerzos de socavar la independencia de los medios de comunicación.

En la misiva, que está suscrita por catorce legisladores, tanto republicanos como demócratas, también reclaman a Trump que estudie sancionar a la ministra de Sanidad nicaragüense, Sonia Castro, por supuestamente haber negado asistencia a heridos durante los enfrentamientos.

El cuarto señalado es Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional del país y exmédico personal de Ortega.

Desde abril, Nicaragua es escenario de protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y que se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó la cifra de fallecidos a 322, de los que la mayoría perdió la vida “como resultado de la acción estatal”.

Organizaciones humanitarias apuntan que el número es superior, 448 muertos, mientras que el Gobierno reconoce 198

La “ley Magnitsky” da poder al presidente para decretar prohibiciones de visado o el bloqueo de activos contra cualquier individuo que viole derechos humanos básicos o atente contra personas que expongan prácticas de corrupción.


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