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Denuncian fallas en refugio para menores indocumentados en Los Ángeles

Un antiguo administrador de Casa Libre, un refugio para menores inmigrantes no acompañados en Los Ángeles, California, denunció hoy que el lugar de acogida no brinda los servicios adecuados a los jóvenes que lo necesitan. EFE/ARCHIVO

Un antiguo administrador de Casa Libre, un refugio para menores inmigrantes no acompañados en Los Ángeles, California, denunció hoy que el lugar de acogida no brinda los servicios adecuados a los jóvenes que lo necesitan. EFE/ARCHIVO

EFE

Un antiguo administrador de Casa Libre, un refugio para menores inmigrantes no acompañados en Los Ángeles, California, denunció hoy que el lugar de acogida no brinda los servicios adecuados a los jóvenes que lo necesitan.

“Es una farsa, la junta directiva toma este refugio como un pasatiempo y no están haciendo nada para prestar los servicios necesarios”, indicó a Efe Federico Bustamante, que trabajó en la institución 8 años, los últimos cinco como administrador.

Además de él, jóvenes inmigrantes que han pasado por Casa Libre también han denunciado las pobres condiciones del lugar, entre ellos un joven centroamericano que se identificó con el nombre de Juan, y quien aseguró a Efe que pasó hambre en el refugio y se sintió abandonado.

“Esto no es política es de ayudar realmente a los inmigrantes”, criticó Bustamante, quien en diciembre de 2017, y ante lo que califica de problemas recurrentes, decidió desvincularse del albergue.

Casa Libre presta sus servicios en una antigua mansión construida en 1902, en el corazón del área de Westlake, y cuenta con varias habitaciones pero con un número insuficiente de camas, según activistas.

Este albergue acoge a menores indocumentados desde 2003, cuando comenzó a funcionar bajo la administración del Centro para los Derechos Humanos y la Ley Constitucional.

La lista de quejas incluyen tanto aspectos sobre infraestructura, sobre la que se ha dicho que no cuenta con calefacción, así como escasos recursos para alimentar y vestir a los jóvenes, además de una contabilidad poco clara que le impide obtener ayudas económicas para un mejor funcionamiento.

El exadministrador se refiere en concreto al abogado Peter Schey, que dirige el Centro para los Derechos Humanos y la Ley Constitucional, y que en julio pasado demandó al Gobierno federal por las condiciones a las que eran sometidos los menores indocumentados.

“Hay varios nombres de líderes sindicales y religiosos que se desgarran las vestiduras, pero que se hacen los ciegos con esta casa que ahora está atendiendo solo dos menores”, asegura Bustamante, quien también dirige sus críticas al activista Carlos Holguín, que pertenece a la organización y la junta directiva.

Efe trató en repetidas ocasiones en comunicarse tanto con Schey como Holguín, pero no recibió contestación. José Chicas, el actual administrador del refugio, tampoco pudo ser contactado.

Desde que Bustamante salió de Casa Libre las quejas de activistas y voluntarios sobre la falta de comunicación se han multiplicado, como es el caso de Sofi Koivula, de la organización humanitaria Niños con Necesidad de Defensa (KIND) en Los Ángeles, quien aseguró que ha tratado de contactarse sin éxito con el encargado del albergue en los últimos meses.

“Es una pena, porque nuestra organización solía tener una muy buena relación con Casa Libre”, lamentó Koivula.

Bustamante aseguró que el llamado es para las autoridades de la ciudad y del Condado de Los Ángeles, para que no desperdicien los recursos que podrían ayudar a decenas de menores indocumentados.


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