Por segundo año, Los Ángeles demanda a Sessions por retener fondos federales
La Fiscalía de Los Ángeles presentó hoy una demanda contra el Gobierno federal por el intento de retener el financiamiento a los programa de seguridad pública de la ciudad del corriente año.
La querella legal busca que la corte emita una orden judicial que prohíba al Departamento de Justicia (DOJ) imponer medidas inconstitucionales para que las ciudades reciban fondos federales.
“El Gobierno (de) Trump no puede privar a Los Ángeles de este dinero de seguridad pública solo porque su administración quiere castigarnos con respecto al tratamiento que damos a los inmigrantes y sus familias”, dijo hoy el Fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer.
La demanda forma parte de la batalla que la ciudad viene librando contra la Administración Trump desde el 2017.
En julio del año pasado, el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que el DOJ establecería nuevos requisitos a las ciudades que reciben subvención del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG), como parte del castigo a las denominadas “ciudades santuario”.
Las condiciones establecían que las ciudades deberían colaborar sin restricciones con el Gobierno federal para detener inmigrantes indocumentados.
Justo hace un año, el 22 de agosto de 2017, Los Ángeles presentó una demanda similar para exigir al DOJ que no retuviera los fondos que le pertenecían a la ciudad el año pasado.
Los recursos económicos por más de un millón de dólares del programa Byrne JAG del 2017 aún no han sido entregados por el Gobierno federal.
“Corte tras corte (se) dictaminó que esta extralimitación de la Administración Trump es inconstitucional. Lucharemos para defender el estado de derecho y proteger a nuestra ciudad las veces que sea necesario”. advirtió Feuer.
Por su parte la Administración Trump parece no ceder en su intención de retirar los fondos.
Para la convocatoria de este año exige que las ciudades solicitantes deben permitir el acceso a cárceles o centros de detención a funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para reunirse con extranjeros y cuestionar su presencia legal en el país.
La decisión del DOJ contradice la decisión del Juez de Distrito Manuel Real, que falló a favor de Los Ángeles en otra demanda por la restricción de fondos a una subvención discrecional de la policía comunitaria (COPS).
El magistrado argumentó que las condiciones relacionadas con inmigración impuestas a estos fondos eran ilegales.
Feuer explicó que Los Ángeles espera que la decisión del Juez Real se tome como precedente, y que se considere que las condiciones impuestas al programa Byrne JAG también son ilegales.
