Ex gobernador de P.Rico Alejandro García Padilla pide prudencia en el PPD
El ex gobernador y antiguo presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico Alejandro García Padilla pidió prudencia ante la situación por la que atraviesa su formación, cuya Junta de Gobierno se reúne hoy para pedir explicaciones a su actual líder, Héctor Ferrer.
La Junta de Gobierno del PPD exigirá a Ferrer y al antiguo senador Roberto Prats aclaraciones sobre su relación con DCI Group, firma que trabajó en favor de los acreedores de la isla.
“Los acontecimientos recientes en el partido, igual que la oposición interna que sufrí cuando dirigí el país, representan lo opuesto a lo que se supone que el Partido Popular representa”, subraya García Padilla en un comunicado.
“Tan mal estuvieron los que contrataron con los grandes acreedores extranjeros y sus representantes, como los que se opusieron al IVA en la legislatura y en las alcaldías. Pude evitar las lanzas, mas no el puñal. Son los mismos, con la excepción de uno, que siempre me habló de frente”, apuntó el antiguo gobernador y presidente del PPD.
“Los populares debemos atender esto con prudencia, pero con firmeza. No se puede tratar de un ardid procesal pensando en las elecciones, sino de lo que representamos como Partido, o mejor planteado aún, de a quién representamos como Partido. No se puede servir a los puertorriqueños y a los acreedores extranjeros al mismo tiempo. O con Puerto Rico o en su contra”, concluyó.
La prensa local informa de que Ferrer y Prats -abogados de profesión- fueron contratados en 2015 y 2016 a cambio de servicios legales por DCI Group.
Esa sociedad es una empresa de cabildeo y relaciones públicas que organizó entonces una campaña en contra del Gobierno liderado en esas fechas por Alejandro García Padilla y en favor de entidades que trabajaban para que los acreedores de Puerto Rico cobraran la totalidad de la deuda de la isla.
Los críticos con Ferrer y Prats denuncian cómo personas que aspiran a ser gobernadores de Puerto Rico pueden mantener una relación -aunque fuera profesional- con una organización como es DCI Group, entidad que llevó a cabo una campaña en EEUU a favor de los “fondos buitres” y en contra de la Ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense para atender el asunto de la deuda.
La campaña de DCI Group, llevada a cabo en medios de Estados Unidos, exigía al Gobierno de Puerto Rico el pago íntegro de los 70.000 millones de dólares de la deuda a los tenedores de bonos del Estado Libre Asociado, a pesar de que eso pudiera significar que el Ejecutivo se quedara sin efectivo para atender servicios básicos a la población.
