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PPD de Puerto Rico pide explicaciones a su presidente por un asunto sobre la deuda

La Junta de Gobierno del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico se reúne hoy para pedir explicaciones a su presidente, Héctor Ferrer, y al antiguo senador Roberto Prats sobre su relación con DCI Group, firma que trabajó en favor de los acreedores de la isla. EFE/Archivo

La Junta de Gobierno del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico se reúne hoy para pedir explicaciones a su presidente, Héctor Ferrer, y al antiguo senador Roberto Prats sobre su relación con DCI Group, firma que trabajó en favor de los acreedores de la isla. EFE/Archivo

EFE

La Junta de Gobierno del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico se reúne hoy para pedir explicaciones a su presidente, Héctor Ferrer, y al antiguo senador Roberto Prats sobre su relación con DCI Group, firma que trabajó en favor de los acreedores de la isla.

Los dos miembros del principal partido opositor de Puerto Rico, pero en especial Ferrer por liderarlo y aspirar convertirse en candidato para las elecciones de 2020, están en el punto de mira de destacadas figuras de la formación por estar relacionados con DCI Group en un asunto confuso que hace días atrae la actualidad informativa.

Algunos analistas han apuntado que ambos miembros del PPD ya han dado explicaciones suficientes y que lo que ocurre en la formación opositora es un “ajuste de cuentas” entre grupos con intereses opuestos y el intento de aspirantes a liderar al partido en las elecciones de 2020 de quitarse de en medio a un potencial rival como es Ferrer.

La prensa local informa de que Ferrer y Prats -abogados de profesión- fueron contratados en 2015 y 2016 a cambio de servicios legales por DCI Group.

Esa sociedad es una empresa de cabildeo y relaciones públicas que organizó entonces una campaña en contra del Gobierno liderado en esas fechas por Alejandro García Padilla y en favor de entidades que trabajaban para que los acreedores de Puerto Rico cobraran la totalidad de la deuda de la isla.

Los críticos con Ferrer y Prats denuncian cómo personas que aspiran a ser gobernadores de Puerto Rico pueden mantener una relación -aunque fuera profesional- con una organización como es DCI Group, entidad que llevó a cabo una campaña en EEUU a favor de los “fondos buitres” y en contra de la Ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense para atender el asunto de la deuda.

La campaña de DCI Group, llevada a cabo en medios de Estados Unidos, exigía al Gobierno de Puerto Rico el pago íntegro de los 70.000 millones de dólares de la deuda a los tenedores de bonos del Estado Libre Asociado, a pesar de que eso pudiera significar que el Ejecutivo se quedara sin efectivo para atender servicios básicos a la población.

DCI Group también presionó en el Congreso de EEUU contra la aprobación de la Ley Promesa, una norma promovida para atender el asunto de la deuda una vez que la isla caribeña no contaba con normativa para poner en marcha una reestructuración de la deuda y tampoco poderse acoger a la normativa federal para estas situaciones.

Ferrer, durante la pasada semana, aclaró en varias ocasiones que en 2015 se limitó a mantener una relación profesional con DCI Group al prestar servicios profesionales, en concreto se refirió a memorandos legales, sin dar más detalles.

El presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, Juan Vega, señaló a Efe que Ferrer cuenta con su respaldo y que debe continuar su trabajo de reorganización del PPD de cara a las elecciones de 2020.

“Ferrer ha sido claro y contundente al aclarar dudas. Explicó que su relación con DCI Group fue legal”, apuntó Vega, tras subrayar que la Organización de Servidores Públicos respalda la estrategia del presidente del PPD de reunirse con congresistas y organizaciones republicanas y demócratas en contra de la iniciativa del Ejecutivo de Ricardo Rosselló de promover la plena anexión a EEUU.

Las acusaciones contra Ferrer incluyen, precisamente, estar presuntamente relacionado con un panfleto que DCI Group habría enviado al Congreso en Washington y que contenía argumentos contra la plena anexión de la isla a Estados Unidos.

Medios de la isla informan de que DCI Group habría enviado a representantes republicanos en el Congreso en Washington un documento en contra de la anexión que Ferrer habría supuestamente distribuido las pasadas semana y que, por error, incluiría imágenes de construcciones defensivas de La Habana y la bandera de Cuba, que erróneamente se presentaban como de Puerto Rico.

El exgoberandor por el PPD Aníbal Acevedo Vilá fue uno de los que señaló a Ferrer como responsable de esa iniciativa.

DCI Group habría ayudado a Ferrer a organizar un encuentro con grupos conservadores que presionan en contra del proyecto de la representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, que busca la anexión de la isla a EEUU.

“Esta es la primera vez y la única vez en la historia del PPD que a un presidente se le cuestiona su manera de vivir. Honrada, en ley y yo no tengo nada que esconder”, zanjó Ferrer sobre la polémica.

“Voy mañana a la Junta PPD. Es allí donde responderé todas las preguntas como corresponde. Concluido este asunto, continuaré mis tertulias por la isla. Son los populares los que tomarán las determinación de hacia donde se dirige la colectividad”, señaló por su parte Prats, también potencial candidato a representar al PPD en los comicios de 2020, en su cuenta en la red social de twitter.


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