Líder alcaldes apoya al gobernador Puerto Rico en mejorar respuesta aseguradoras
El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, apoyó hoy al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por el envío de cinco proyectos a la Legislatura para convertir en ley diez iniciativas que buscan garantizar una mejor respuesta de las aseguradoras ante catástrofes.
“Los alcaldes hemos vivido en carne propia el impacto en nuestros municipios de las dilaciones en la aprobación de reclamaciones tras el paso de los huracanes Irma y María y su efecto en la capacidad de la administración municipal para proveer servicios importantes a la ciudadanía”, expresó Molina hoy en un comunicado de prensa.
Agregó que los líderes municipales necesitan “cambios a la regulación para que los municipios, los ciudadanos y los medianos y pequeños comerciantes tengan vehículos efectivos para recibir la compensación que contrataron bajo una póliza”.
Molina, alcalde de Arecibo, resaltó además el impacto negativo que tiene en los municipios el manejo injusto de una reclamación por pérdidas ante un desastre.
“El pago de aseguradoras privadas es esencial para evitar una mayor migración de nuestros constituyentes y para evitar el cierre de centros de trabajo que crean empleos y sostienen nuestra economía a nivel local”, afirmó.
“Por ello, vemos con buenos ojos el establecimiento de procesos alternos y expeditos para la resolución de conflictos, el requerimiento de adelantos de pagos parciales y que se nos flexibilice el acceso al mercado de líneas excedentes, entre otras iniciativas que han sido presentadas por el gobernador”, agregó.
Entre las propuestas del gobernador están enmendar el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.
Para ampliar las opciones de cobertura comercial, se introducirán cambios que faciliten, a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.
De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.
También se establece el mecanismo para que la rama judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.
En casos que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación no fuera razonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costas para el proceso administrativo y judicial.
También se requerirá a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establezca un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.
Por otro lado, ante un estado de emergencia en la isla, las aseguradoras deberán proceder con la emisión de pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia.
Esto ayudará a que el proceso de recuperación pueda iniciarse más rápidamente.
Cada asegurador objeto de auditoría deberá reembolsar los gastos incurridos en la investigación o examen.
Finalmente, se creará una nueva cobertura a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros que -en caso de ocurrir un evento catastrófico- permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.
