La Contraloría de Puerto Rico informa sobre contratos de la eléctrica estatal
La Contraloría de Puerto Rico divulgó hoy un informe sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) relacionadas con el proceso de compras de combustible y pagos por servicios profesionales.
La Contraloría de Puerto Rico señala a través de un comunicado que el informe incluye una opinión cualificada, que matiza se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.
El comunicado subraya que en el informe se revela que en ocho contratos entre 2008 y 2012, por la suma de 4,6 miles de millones de dólares, la AEE no incluyó una cláusula para imponer el cargo de intereses por demora.
A pesar de la ausencia de esta cláusula en los contratos, la AEE desembolsó 3,3 millones de dólares a los proveedores, según el comunicado.
Además, contrario al Procedimiento de Pago de Intereses del 1996 y otros reglamentos vigentes, el tesorero de la AEE no pudo suministrar para examen de los auditores de la Contraloría los informes y las investigaciones realizadas sobre los pagos de cargos por demora.
La auditoría detectó que se efectuaron pagos millonarios a una compañía que se había declarado culpable por fraude en el foro federal en el 2006.
Esta situación contraria a la Ley 458-2000 para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos se realizó mediante la transferencia de fondos a terceros a petición del proveedor.
Esta cesión de fondos está regulada por el Procedimiento para Tramitar las Cesiones de Fondos aprobado en el 2002, pero los directores de Finanzas y los tesoreros de la AEE no confirmaron la declaración jurada del proveedor.
Del 2009 al 2017, la AEE realizó desembolsos por 2,7 millones de dólares a 29 contratistas para reconocer y pagar deuda por servicios rendidos sin contrato.
Esta situación contraria a la ley vigente propicia, según el comunicado, que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales y que se efectúen pagos por servicios no prestados.
El Informe comenta que se identificó un proveedor de combustible que rindió y pagó su planilla mensual de arbitrios al Departamento de Hacienda más de dos años posteriores al término fijado por la Ley.
El Informe cubre el período del 1 de enero de 2011 al 15 de septiembre de 2017.
