Cárcel de California no podrá intimidar a reos por sus preferencias sexuales
Las autoridades del Condado de San Bernardino, en California, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), alcanzaron hoy un acuerdo judicial en un caso sobre las condiciones en las que son retenidos presos homosexuales, bisexuales y transgénero.
El acuerdo, pendiente de la aprobación del magistrado, cierra un proceso judicial que se inició en 2014, cuando ACLU presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Alguacil de San Bernardino (SBSD) en la que denunció que los reos no heterosexuales pasaban hasta 23 horas en sus celdas cada día.
La demanda aseguraba que los homosexuales, bisexuales o transgénero detenidos en el Centro de Detención West Valley, en Rancho Cucamonga, eran recluidos en un área de la cárcel denominada “Tanque Alternativo de Estilo de Vida”.
De acuerdo a la querella legal, los reos detenidos en esta área pasaban hasta 23 horas al día, incluso tomaban sus comidas dentro de sus celdas, aun cuando habían comedores disponibles.
Tampoco se le permitió a los detenidos participar en programas de capacitación laboral, educación, religiosa o comunitaria, rehabilitación de drogas o de reingreso a la comunidad.
Dan McKibben, un exalguacil del estado de Indiana que pasó dos meses en el centro por violar una orden de libertad condicional, encabezó la demanda.
Al llegar a la cárcel McKibben se identificó como homosexual y fue referido al “Tanque”, donde pasó más de 22 horas sin salir de la celda.
En su testimonio aseguró que fue testigo de cómo otros residentes de esa área de la cárcel eran golpeados y llamados por nombres peyorativos.
“Nadie debería verse obligado a elegir entre su seguridad e igualdad de trato mientras está bajo custodia de las autoridades”, dijo el abogado de ACLU SoCal Brendan Hamme.
El acuerdo propuesto exige cambios significativos en el área de la cárcel destinada a esta comunidad; el establecimiento de una política de no tolerancia de acoso a personas homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (GBTI).
Además las autoridades deben garantizar el acceso a programas de trabajo, educativos y formación del personal y religiosas, así como mejorar el acceso al tratamiento médico para esta población.
Alrededor de 600 personas se alojaron en el “Tanque” entre 2012 y 2018, de acuerdo a la demanda.
