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Gobernador de P.Rico firma ley para reorganización del Consejo de Educación

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que convirtió en ley el proyecto de reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico "con el fin de agilizar el proceso de establecer cursos y programas educativos en la isla". EFE/ARCHIVO

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que convirtió en ley el proyecto de reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico “con el fin de agilizar el proceso de establecer cursos y programas educativos en la isla”. EFE/ARCHIVO

EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que convirtió en ley el proyecto de reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico “con el fin de agilizar el proceso de establecer cursos y programas educativos en la isla”.

Con la medida firmada se crea la nueva Junta de Instituciones Postsecundarias adscrita al Departamento de Estado, integrada por cinco miembros.

Así, se elimina el Consejo de Educación, compuesto por siete miembros y cuya estructura administrativa ejerce como agencia independiente.

“Con esta nueva reorganización lograremos tener un proceso más eficiente para fomentar las acreditaciones por entidades privadas de reconocida trayectoria. Esto nos permite una estructura de Gobierno acorde con nuestra realidad fiscal, que responda a las necesidades actuales a la vez que contribuye a una mejor calidad de vida”, expresó.

Con esta medida, por medio de la oficina -que tendrá un director encargado de su administración- se externaliza el proceso de licenciamiento y se elimina la intervención del Estado en una tarea que no es propia del Gobierno y que cuesta millones de dólares al erario.

Por su parte, el secretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín, afirmó que “con esta medida, Puerto Rico adopta el modelo seguido por 47 estados que no requieren procesos de licenciamientos a instituciones privadas, pues se trabaja de forma externalizada con las acreditaciones de organizaciones no gubernamentales reconocidas”.

Asimismo, Rivera Marín añadió que “no obstante, se requerirá un proceso de registro ante el Departamento de Estado con cumplimiento de criterios básicos de instalaciones y programas educativos”.

La medida dispone que las instituciones postsecundarias -que incluye a universidades y programas técnicos- tendrán que someterse a la Junta de Instituciones Postsecundarias creada para operar o continuar operando.

Por su parte, las instituciones de educación básica (K-12) no tendrán el requisito de licenciamientos, pero tendrán la obligación de registrarse ante el Departamento de Estado y certificar que cumplen con los requisitos necesarios, como tener instalaciones adecuadas, poseer los permisos correspondientes, tener personal docente y estar apto en las materias necesarias, entre otras.

Las Iglesias Escuela continuarán regidas por el registro de la Ley 33-2017 para no interferir con el derecho constitucional de libertad religiosa.

Además, se establecen controles y requisitos a los programas de Educación Acelerada para cumplir con el compromiso hecho en el Plan para Puerto Rico en cuanto a promulgar legislación para regular la educación acelerada a fin de evitar la proliferación de escuelas que carezcan de seriedad académica.

Este proyecto de consolidación proyecta ahorros en su primer año de más de 5 millones de dólares y alrededor de 40 millones en cinco años.


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