Fiscal insta a Trump a revelar planeación de política de cero tolerancia
El fiscal general de California, Xavier Becerra, solicitó hoy al Gobierno del presidente Donald Trump que entregue información sobre la planeación de la política de “tolerancia cero” que separó a miles de niños de sus padres inmigrantes en la frontera sur del país.
El fiscal Becerra se amparó en la Ley de Libertad de Información (FOIA), que otorga el derecho al público de acceder a los archivos de agencias federales.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) deberán entregar los detalles de cómo se planeó la implementación de dicha política migratoria.
La solicitud ocurre una semana después que funcionarios de la administración Trump admitieran ante el Congreso que la implementación de la separación de familias causaría un trauma significativo en la salud de los menores.
Jonathan White, funcionario del HHS, dijo en una audiencia del Comité Judicial del Senado que “durante el proceso de deliberación el año pasado se plantearon varias inquietudes sobre la implementación de cualquier política que separara familias debido a las preocupaciones que tenían sobre el mejor interés de los niños”.
Aseguró que el Gobierno Trump sabía que no contaba con la capacidad de camas para manejar una operación de ese tamaño.
Becerra resaltó hoy que a pesar de estas advertencias, el Gobierno procedió con la aplicación de la política de “tolerancia cero” que separó a miles de niños de sus padres, puso en peligro la seguridad y salud de los menores.
“Causó un trauma a los niños y sus familias”, manifestó.
Más de 2.500 familias fueron separadas en la frontera sur del país desde que inició la implementación de la política de “tolerancia cero” entre abril y junio pasados cuando una corte de California ordenó detener la implementación de esta política.
A pesar de la orden del juez Dana Sabraw, en San Diego para que a finales de julio se reunificaran estos niños con sus familiares, unos 500 menores aún siguen bajo custodia de las autoridades federales.
Muchos de los padres fueron deportados a sus países de origen.
