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El Gobierno exige a Damasco que permita a inspectores acceso a prisioneros

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EFE

El Gobierno exigió hoy a Damasco que permita a inspectores independientes el acceso a prisioneros en Siria, después de las denuncias de supuestas notificaciones por parte del Ejecutivo sirio a los familiares de los reos sobre su muerte en cautiverio.

“Estados Unidos reitera rotundamente su condena a las acciones crueles del régimen de (Bachar) Al Asad y le insta a adherirse a las leyes internacionales y las normas que conciernen al trato de prisioneros, incluyendo el acceso a inspectores independientes”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

En un comunicado, Nauert agregó que Washington continuará trabajando con la comunidad internacional para investigar y arrojar luz sobre esas “actividades perversas” y llevar a los responsables ante la justicia.

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En su opinión, las supuestas notificaciones hechas por el Ejecutivo sirio confirman que “el régimen ha detenido, torturado y asesinado sistemáticamente a decenas de miles de civiles sirios, en respuesta a sus llamamientos legítimos y no violentos por su libertad, derechos y reformas políticas”.

De acuerdo al Departamento de Estado, que citó a “numerosas organizaciones humanitarias” cuyos nombres no precisó, desde el inicio del levantamiento en Siria en 2011, al menos 117.000 personas han sido detenidas o han desaparecido forzosamente en el país.

De esos presos o desaparecidos, la mayoría se cree que está bajo custodia de las autoridades sirias en una red de cárceles donde responsables gubernamentales presuntamente torturan y asesinan a civiles para intimidar y silenciar cualquier oposición al Gobierno de Al Asad, indicó Nauert.

La portavoz agregó que grupos internacionales están recopilando documentación y otro tipo de pruebas sobre las supuestas torturas y asesinatos por parte del Ejecutivo sirio.

Según los últimos datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 140.000 presos son actualmente víctimas de torturas y otros abusos en las prisiones y centros de detención gubernamentales, donde unas 60.000 personas han perecido desde el comienzo del conflicto en Siria en 2011.

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