Urgen a hondureños a no perder el TPS en el último día de reinscripción

A horas de que finalice el plazo de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más 45.000 hondureños, activistas y defensores de los inmigrantes urgen a sus beneficiarios a no perder este amparo que los protege hasta enero de 2020.

El actual periodo de reinscripción para los hondureños con TPS, unos 45.000 según las cifras que manejan las organizaciones a favor de los inmigrantes, inició el pasado 5 de junio y vence este 6 de agosto, y aquellos que hayan extiendan hasta hoy este beneficio quedarán exentos del peligro de la deportación hasta el 5 de enero de 2020.

Desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado 4 de mayo la cancelación de este programa para los hondureños, y dio ese último plazo de 18 meses, la decepción y el temor se apoderó de los originarios de ese país centroamericanos protegidos con ese amparo, lo que ha obligado a los activistas a redoblar sus esfuerzos.

“Muchos no quieren arriesgar a realizar la reinscripción, creen que los van a deportar”, señaló a Efe Leoncio Velasquez, director del grupo Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA), uno de los tantos que ve con preocupación una baja tasa de inscripción al TPS durante el periodo que culmina hoy.

Francisco Portillo, presidente de la Organizacion Hondureña Integrada Francisco Morazan, en Miami, señaló que parte de su campaña es con los familiares en el país de origen para que presionen a los beneficiados con el TPS en EEUU y les invoquen a “no abandonar el proceso”.

“Estamos optimistas de que muchas cosas puedan suceder antes de esa fecha (5 enero de 2020), entre ellas que el Congreso legalice a los tepesianos”, señaló Portillo a Efe, cuya organización asesora a unos 10.000 amparados con este programa en Florida.

Al menos 86.000 hondureños obtuvieron el TPS desde 1999, cuando el entonces presidente Bill Clinton lo otorgó tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.

Sin embargo, esa cifra se ha ido reduciendo en cada una de las renovaciones, ya sea porque algunos hondureños se hicieron ciudadanos, lograron la residencia de alguna otra manera o cometieron alguna falta y no se atrevieron a continuar el proceso y se quedaron como indocumentados, tal como señalan los activistas.

“Muchos se han convertido en residentes permanentes, otros simplemente no quieren arriesgarse” dice Valladares, presidente de HULA en Houston (TX). “Nosotros hemos ayudado a casi 3.000 beneficiados, es un poco bajo para los números de antes” agregó.

Los hondureños con TPS son los inmigrantes que más tiempo se han beneficiado con el programa y en número de amparados son los segundos, superados solo por los salvadoreños (262.500), otro grupo para el que también ha sido cancelado el beneficio y dejará de estar vigente en septiembre de 2019.

Miguel Hernandez, de 56 años, dejó hasta el último día para realizar la renovación de su permiso y confesó a Efe que pensó mucho si quería mantenerse “a la vista” de las autoridades de inmigración.

“Es como pagarles para que después te pongan en la lista de deportación”, reflexionó.

Para Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), organización miembro de la Alianza TPS, la presión para que el Congreso apruebe una legislación que favorezca a los miles de inmigrantes de los 9 países amparados con este programa debe contar con el esfuerzo de los mismos beneficiados.

Actualmente en el Congreso hay cinco propuestas de ley que están buscando proteger a esta legislación, cuatro presentadas en la Cámara de Representantes y la otra en el Senado.

Organizaciones como la de Portillo tienen previsto el próximo mes hacer una visita a Washington, en donde esperan hablar con 434 congresistas y unos 100 senadores para urgir a que se apruebe en el Congreso una medida que legalice a los “tepesianos”.

“La batalla continua”, insistió el titular de esta organización, la cual forma parte de la demanda que ACLU ha entablado al Gobierno por el término de este programa.

La preocupación por el futuro de estos inmigrantes llevó a que la semana pasada 110 congresistas pidieran al Gobierno restaurar el beneficio y advirtieron que poner fin al TPS, especialmente en el caso de los países centroamericanos, podría desestabilizar la región o desencadenar una nueva oleada de inmigración ilegal.

“Yo no tengo nada en Honduras, allá me iría a morir, además no es justo porque he trabajado toda mi vida aquí y se quedarían con mi retiro”, dijo a Efe la hondureña Domicila Alemán, de 68 años y beneficiada con el TPS.

Actualmente, la administración enfrenta dos demandas por cerrar estos programa. En una de ella, un juez en San Francisco rechazó en junio pasado el pedido del Gobierno Trump de desechar la querella.

Alvarado recordó que aquellos que estén protegidos con el amparo podrán beneficiarse si se da un fallo favorable.

Por lo pronto, en el Consulado de Honduras en Los Ángeles también están preocupados por las bajas tasas de reinscripción.

Mario Ordóñez, cónsul de Honduras en esta ciudad californiana, informó al diario local La Opinión que en el periodo de renovación de 2016 esta oficina consular asesoró cómo cumplimentar unas 1.500 solicitudes, mientras que hasta el pasado sábado pasado, a tres días de la fecha limite, sólo habían procesado 300 aplicaciones.