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Gobernador de P.Rico convierte ley proyectos buscan impulsar la agricultura

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EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley los proyectos de la Cámara 263 y 1166, así como la Resolución Conjunta del Senado 14, que promueven iniciativas que persiguen el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura en la isla.

Los proyectos son de la autoría de los representantes Gabriel Rodríguez, Jacqueline Rodríguez, Urayoán Hernández; y el senador Ángel Martínez.

El proyecto 263 facilita y simplifica el proceso que se debe llevar a cabo para otorgar la exención de arbitrios para el agricultor bona fide.

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Con este proyecto, se ordena al secretario de Hacienda adoptar las medidas necesarias para garantizar que los agricultores bona fide reciban de forma directa la exención de arbitrios dispuesta en la ley.

“Nuestro Gobierno está comprometido en adoptar todos los mecanismos necesarios para promover la agricultura sin trabas procesales que limiten la producción agrícola”, expresó el primer mandatario.

Por otro lado, el proyecto 1166 incluye dentro de la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios a los agricultores bona fide cuyos negocios cuenten con 15 empleados o menos.

De esta forma, se evita que este grupo de comerciantes se perjudique por la imposición de grandes cargas reglamentarias que imposibilitan el desarrollo de sus negocios.

El representante Hernández, autor de la medida, expresó que el norte “es ayudar a unos 3,.500 agricultores bona fide certificados en Puerto Rico, dándoles mayores herramientas y eliminado barreras que pudieran confrontar al momento de desarrollar y ampliar su negocio”.

Finalmente, la Resolución Conjunta 14 tiene el propósito de ordenar a la Junta de Planificación y al Departamento de Agricultura a identificar todos los terrenos con potencial de desarrollo y producción agrícola en el Distrito Senatorial de Arecibo.

Dicho distrito se compone de los municipios de Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Barceloneta, Ciales, Morovis, Florida, Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas.

La medida tiene el fin de promover el establecimiento de un programa de microempresas agrícolas como una alternativa a la dependencia de importación alimentaria y como fuente de generación de empleos y desarrollo económico de Puerto Rico.

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