El Gobierno presiona a Ortega y le acusa de librar “guerra” contra la Iglesia
El Gobierno incrementó hoy la presión sobre el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al acusarle de librar una “guerra” contra la Iglesia católica, que actúa como mediadora en el diálogo destinado a solucionar el conflicto que ha dejado más de 350 muertos en cien días.
El vicepresidente, Mike Pence, se refirió a la crisis en Nicaragua durante una ceremonia sobre libertad religiosa en el Departamento de Estado y ante los representantes de 80 países, entre los que figuraban varios latinoamericanos, como Colombia, México, Chile, Honduras, Guatemala y Panamá.
“En Nicaragua, el Gobierno del presidente Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia católica”, afirmó el vicepresidente.
Pence alabó la labor de la Iglesia católica en el diálogo nacional y criticó los ataques contra los obispos por parte de paramilitares favorables al Gobierno de Ortega y que operan con el consentimiento de la Policía Nacional, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Muchedumbres respaldadas por el ejército, armadas con machetes e incluso con armas pesadas han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes”, aseguró.
El vicepresidente reconoció al padre Raúl Zamora, que se encontraba en el público y al que llamó “héroe de la fe” por haber cobijado este mes en su parroquia de la Divina Misericordia a los estudiantes que huían de la represión en la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), uno de los focos de las protestas contra Ortega.
“Déjeme decirle padre -pidió Pence- nuestras oraciones están con usted, y el pueblo de Estados Unidos está con usted por su libertad religiosa y por la libertad en Nicaragua”.
Más de 350 personas han fallecido en las manifestaciones contra Ortega que comenzaron el 18 de abril, aunque la violencia se ha recrudecido en los últimos días con ataques como el de la UNAN y contra ciudades controladas por la oposición, como Masaya, lo que ha provocado la condena de la comunidad internacional.
Ortega atribuye la violencia a un esfuerzo de países como EE.UU. para derrocarlo y ha llegado a llamar “golpistas” a los obispos por haber propuesto adelantar a 2019 las elecciones fijadas para 2021.
La cumbre sobre libertad religiosa, la primera que organiza Washington, sirvió para respaldar la labor de la Iglesia católica como mediadora imparcial en el diálogo entre las autoridades nicaragüenses y la opositora Alianza Cívica, que reúne a la sociedad civil y sector privado.
En la cita, Mark Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), habló de la persecución que han sufrido algunos religiosos y citó las declaraciones del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien este mes afirmó que Ortega ha atravesado “el límite de lo inhumano y de lo inmoral”.
“Tiene razón. No podemos ser indiferentes y no debemos ser indiferentes, especialmente porque creemos en la libertad religiosa”, resaltó Green ante un auditorio repleto de representantes de diferentes países y miembros de organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea (UE).
La libertad religiosa es un principio que recoge la Constitución y que tiene una gran importancia para la derecha cristiana, que respaldó al ahora presidente, Donald Trump , durante las elecciones de 2016 y ha celebrado sus medidas para dificultar el aborto, un derecho reconocido desde 1973.
A nivel interno, la cumbre supone un guiño para ese núcleo de protestantes evangélicos y católicos, aunque Pence se dirigió durante su discurso a una audiencia internacional con mensajes para países que a su juicio vulneran la libertad religiosa, como China o Turquía, e importantes menciones a Nicaragua.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha revocado una veintena de visados a funcionarios y otros individuos implicados supuestamente en la violencia y, además, ha sancionado a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega, entre los que figura el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Al ser preguntado esta semana por Efe, un alto funcionario del Departamento de Estado rechazó detallar si Washington impondrá más sanciones.
