Gobernador de Puerto Rico firma ley que alerta fraude a servicios del Gobierno local
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, oficializó hoy la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico, la cual crea un mecanismo de recobro civil en aquellos casos donde se identifique que hubo reclamaciones falsas al Gobierno local.
La ley, que proviene de la Ley federal de Reclamos Falsos, establece que las reclamaciones serán atendidas por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia local, según se detalló en un comunicado de prensa.
“La detección a tiempo de esta conducta será de ayuda para los beneficiarios de este programa ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, dijo Rosselló en el comunicado.
“Con esta medida, cumplimos con los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos federales adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid”, agregó.
Con esta ley, Puerto Rico se une a 49 estados y a la capital estadounidense, Washington DC, como las jurisdicciones que cuentan con unidades dedicadas para atender el fraude al programa de salud Medicaid, agregó el jefe del Ejecutivo puertorriqueño.
Esta nueva ley, igualmente, permite y promueve para que delatores puedan denunciar cualquier acto fraudulento contra el Gobierno.
Al denunciar algún acto fraudulento, el delator podrá cobrar de la cantidad recuperada por el Gobierno.
Como consecuencia de este sistema, el Gobierno federal, recuperó recuperado 31,9 millones de dólares desde el 2009 hasta el 2016, según se informó.
Rosselló dijo además que con la creación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid y del Sistema de Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas en inglés) en abril pasado, asegura la asignación de 1.200 millones de dólares en fondos federales para la isla.
Por su parte, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, apoyó la nueva ley porque “permitirá al Gobierno seguir recuperando credibilidad a nivel federal, procesar de forma más agresiva a los que hagan mal uso de estos fondos y asegurar que los fondos asignados estén disponibles para responder mejor a las necesidades de los beneficiarios ‘bona fide’”.
Asimismo, la titular de Justicia, Wanda Vázquez, indicó que “la erradicación del fraude es prioridad en la agenda del gobernador y del Departamento, pues somos conscientes de las repercusiones que esta conducta nefasta tiene en los servicios de salud y, sobre todo, en el Programa Medicaid”.
“También, atender la fuga de fondos públicos asignados a nuestra isla es de suma importancia para asegurar la confianza del Gobierno de los Estados Unidos en nuestros organismos gubernamentales. Además, se envía un mensaje contundente a los que defraudan y se lucran a costa de la necesidad ajena”, concluyó.
