La dimisión de Higgins nuevo revés para la AEE, principal empresa de P.Rico
La estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) vuelve a la actualidad tras la dimisión de su director general, Walter Higgins, un nuevo revés para la principal empresa de Puerto Rico, en proceso de privatización parcial y centro de críticas.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, fue el encargado de confirmar hoy la renuncia a su cargo de Higgings, una noticia que adelantaban los medios de la isla horas antes del anuncio del jefe del Ejecutivo pero que la empresa no ratificaba oficialmente.
La dimisión de Higgings supone un contratiempo más para la empresa estatal, en especial después de que el paso del huracán María el pasado septiembre devastará la infraestructura de una compañía muy endeudada y que sigue utilizando como principal combustible el petróleo.
A pesar de que Rosselló recurrió a las redes sociales para confirmar la dimisión de Higgings y aclarar que se debió a motivos personales, el directivo estadounidense estaba en el punto de mira de oposición y medios de la isla por su salario, que aunque el gobernador aclaró estaba en línea con el mercado muchos consideran elevado.
El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi, anunció el pasado mes de marzo la contratación de Higgins por un salario anual de 450.000 dólares más bonificaciones, cifra que en la isla se consideró desorbitada si se tiene en cuenta la deficiencia del servicio prestado y la situación de las cuentas públicas.
Higgings se convertiría poco después en el blanco de las críticas de la prensa, cuando salió a la luz la contratación de Víctor Peña como su asesor, a cambio de 22.500 mil dólares mensuales.
La prensa local se cebó con el caso al retratar a Peña, con quien el directivo estadounidense ya había trabajado previamente, como un simple traductor de Higgings a cambio de unos elevadísimos ingresos.
Las críticas apuntaban además a que el directivo estadounidense no conocía la realidad de Puerto Rico y que seguían pasando los meses mientras miles de ciudadanos residentes en áreas del interior y la montaña continúan sin servicio a causa de la devastación del huracán María.
La dimisión de Higgings continúa meses de incertidumbre y cambios en la cúpula de la compañía que comenzaron el pasado setiembre con el paso del huracán María.
La devastación causada provocó que hubiera que acudir a la contratación de empresas, como el caso de Whitefish Energy, a la que el entonces primer directivo de la entidad, Ricardo Ramos, otorgó un millonario contrato a pesar de su escasa infraestructura y medios.
La polémica que se levantó condujo a la dimisión de Ramos, según Rosselló para evitar “distracción” en los esfuerzos de recuperación que se realizan en la isla
Ramos fue sustituido de forma interina por Justo González, quien recientemente anunció su jubilación.
La Junta de Gobierno de la AEE anunció pocas horas después de conocerse la marcha de Higgings que uno de sus miembros independientes, Rafael Díaz-Granados, pasará a ser el principal oficial ejecutivo de la corporación pública a partir del próximo día 15.
Díaz-Granados, un ejecutivo con una dilatada experiencia internacional en el sector energético, que como se anunció ganará 750.000 dólares anuales, una cantidad que probablemente causará polémica, tiene el reto de sacar adelante una empresa endeudada, en proceso de privatización parcial y fuertemente criticada por los clientes.
Rosselló convertió el pasado mes de junio en ley con su firma el proyecto para transformar, mediante una privatización parcial, la AEE con el objetivo de reducir las tarifas y transformar la primera empresa estatal de la isla.
La privatización está limitada a la generación, mientras que para la distribución y transmisión, también en manos de la AEE, se ha optado por la concesión a término definido.
AEE está inmersa en un proceso de quiebra provocado por la imposibilidad de afrontar el pago de su millonaria de su deuda.
La compañía se rige por el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada por el Congreso en Washington, debido a no poder hacer frente al pago de una deuda de 9.000 millones de dólares.
