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Presidente camerales de Puerto Rico demandan a la Junta de Supervisión Fiscal

El presidente del Senado puertorriqueño, Thomas Rivera Schatz (c). EFE/Archivo

El presidente del Senado puertorriqueño, Thomas Rivera Schatz (c). EFE/Archivo

EFE

Los líderes camerales de Puerto Rico demandaron hoy en el Tribunal Federal de San Juan a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para pedirle a la que corte declare que el ente “sobrepasó los poderes” otorgados por la Ley Promesa, como implantar el presupuesto del Gobierno para el próximo año fiscal.

Y es que según alegaron en un comunicado de prensa el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y su homólogo en la Cámara baja, Carlos Méndez Núñez, el ente fiscal además “usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa” y propuso recortes en el Gobierno central porque no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.

Asimismo, ambos presidentes camerales le solicitaron al Tribunal Federal un interdicto para que no se implemente el presupuesto de la JSF, sino el que propuso la Legislatura y que aprobó el 30 de junio pasado y firmado por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

El presupuesto que propuso la JSF es de 8.757 millones de dólares, casi 40 millones más que el que aprobaron ambas cámaras de 8.708 millones.

“Aún cuando la JSF es la evidencia más contundente de que Puerto Rico es una colonia, eso no le da el derecho de querer usurpar los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, no tan sólo por quienes decidieron democráticamente elegir a sus representantes y senadores, sino por el sistema republicano de gobierno que dispone el poder legislativo, ejecutivo y judicial”, dijo Rivera Schatz.

“Mientras ellos responden a sus intereses, nosotros no claudicamos y velamos por los de Puerto Rico”, enfatizó el líder senatorial.

Méndez, por su parte, sostuvo que “tal como hemos dicho anteriormente, el proceso de reafirmar el sistema democrático de gobierno que tenemos en Puerto Rico, donde los votos cuentan y la voz del pueblo, expresada libre y democráticamente en las urnas, se tiene que respetar, se traslada ahora al Tribunal Federal”.

“La política pública la avala el pueblo de Puerto Rico, a través de los oficiales electos en la Asamblea Legislativa, no una Junta de Supervisión, la más burda expresión del poder del imperio sobre la colonia”, dijo.

“La Legislatura está para servir al pueblo, para velar por sus intereses y para ser su voz. Esta premisa es la piedra angular de todo gobierno democrático y nosotros defenderemos este principio en todo foro”, añadió.

En la demanda, Rivera Schatz y Méndez indican que el propio Tribunal Federal estableció que el Congreso en Washington “no le otorgó a la JSF el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JSF considere que tal cambio es conveniente”.

Se desprende de la demanda que la JSF “se excedió en su autoridad al intentar obligar a la Cámara de Representantes y al Senado a aprobar un proyecto de ley que derogaría retroactivamente la Ley 80 como condición para aprobar el presupuesto”.

Sin embargo, como establece la sección 205 de la Ley Promesa sobre la recomendación de política pública, Rivera Schatz radicó por petición de la JSF el Proyecto del Senado 1011, a través del cual, entre otras cosas, se proponía derogar la Ley 80.


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