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Asociación de constructores de Puerto Rico pide acuerdo entre junta y ramas gobierno

La Asociación de Constructores de Puerto Rico, hizo un llamado en torno a la necesidad de que el gobierno y sus diferentes ramas, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lleguen a un acuerdo para lograr que Puerto Rico regrese a la ruta de la recuperación económica y fiscal. EFE/Archivo

La Asociación de Constructores de Puerto Rico, hizo un llamado en torno a la necesidad de que el gobierno y sus diferentes ramas, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lleguen a un acuerdo para lograr que Puerto Rico regrese a la ruta de la recuperación económica y fiscal. EFE/Archivo

EFE

La Asociación de Constructores de Puerto Rico, hizo un llamado en torno a la necesidad de que el gobierno y sus diferentes ramas, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lleguen a un acuerdo para lograr que Puerto Rico regrese a la ruta de la recuperación económica y fiscal.

“La designación de una Junta de Supervisión Fiscal es una realidad ineludible que cambió la forma de gobernar a Puerto Rico. Es hora de que aceptemos este hecho y que nuestros funcionarios electos puedan lograr acuerdos con la Junta. La confrontación continua sólo retrasará la recuperación de nuestro crecimiento económico”, expresó el presidente de la ACPR, Emilio Colón.

La ACPR destacó, en un comunicado, que la “quiebra es un campo ocupado por el gobierno federal y validado en varios casos ante el Tribunal Supremo, incluso en Puerto Rico”.

Además, en todas las jurisdicciones de Estados Unidos que se han declarado en quiebra, “se han nombrado entidades externas para actuar como síndico siendo sus ejemplos más destacados las ciudades de Washington DC y Detroit”.

“Las funciones de la JSF en Washington DC se extendieron por seis años mientras que la de Detroit duró poco más de cinco años al poderse recuperar las finanzas públicas”, recordó.

“La Ley Federal PROMESA les dio el poder a los territorios de declararse en quiebra aun cuando los estados de la unión no tienen esa facultad. Los procesos bajo el Título III se permiten luego de poder demostrar que las negociaciones entre las entidades cubiertas y los acreedores hayan sido infructuosas”, subrayó.

A dos años de firmada la ley federal PROMESA, y nombrados los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, “algunos aún no aceptan las consecuencias de la quiebra. Exhortamos a que los funcionarios electos encuentren la manera de trabajar en equipo en vías de lograr medidas que, aunque difíciles, nos regresen al camino de la prosperidad económica”, agregó.

“Después de todo, no se pueden resolver nuestros problemas con la misma mentalidad que los creó", concluyó Zavala.


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