La corrupción prosiguen en Puerto Rico con detenciones a alcalde y exfuncionarios
La detención hoy por el FBI del alcalde de Sabana Grande, al sur de Puerto Rico, por presunto caso de malversación de fondos públicos, y de dos antiguos empleados de Toa Baja (norte), deja al descubierto otro de los graves problemas que aqueja a la isla: la corrupción, sea del color político que sea.
El alcalde Miguel Ortiz Vélez enfrenta 6 cargos por conspirar y obtener fraudulentamente fondos federales administrados por el Departamento de Educación (DE) local, explicó hoy en rueda de prensa la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
Asimismo, Víctor Cruz Quintero y Ángel Santos García, exdirector de Finanzas y exdirector interino de Finanzas de Toa Baja, depositaron dinero no autorizado y transfirieron fondos federales a la cuenta general y a la cuenta de nómina de la localidad para poder pagar la nómina municipal y a contratistas municipales.
Rodríguez Vélez detalló que Ortiz, alcalde de Sabana Grande desde 1993, “se aprovechó de su posición privilegiada” y defraudó al Gobierno de Estados Unidos de contratos ascendentes a 2,9 millones de dólares, en un esquema que empezó en el 2013 hasta el 2015.
Ortiz enfrenta dos cargos por hurto de propiedad o dinero del Gobierno, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude al correo, así como un par de cargos más por fraude al correo y dos cargos por lavado de dinero.
Rodríguez Vélez detalló que Ortiz e Irving Riquel Torres Rodríguez, administrador de la compañía Administrative, Environmental and Sports Consultant (AESC), conspiraron para obtener fraudulentamente fondos federales, tanto del DE federal, como el local.
Torres se había declarado culpable en dos casos diferentes, entre ellos, el de corrupción contra el pasado director del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón Orta.
La fiscal explicó que Ortiz utilizó su puesto para obtener fondos federales del DE utilizando declaraciones falsas sobre la capacidad que tenía el Municipio para realizar algunas actividades y el alcance de las actividades sujetas a las propuestas.
Ortiz entonces contrató a la AESC y a la “Compañía F” -la cual Rodríguez Vélez no reveló el nombre- para la financiación y administración completa de los proyectos sin el conocimiento o consentimiento del DE.
AESC luego financió y administró el proyecto para la “Compañía F” con un acuerdo de que todas las ganancias se dividirían en un 40% para AESC y un 60% para la “Compañía F”.
Como resultado, Ortiz obtuvo ganancias netas para el Municipio y para otras personas, así como ganancias netas para las otras dos compañías ya mencionadas.
Para el primer proyecto, “Verano Educativo”, AESC obtuvo aproximadamente 549.286 dólares en ganancias netas, y el Municipio recibió 363.684 dólares en ganancias netas, a pesar de que el costo real del proyecto se estimó en 221.747 dólares,
Para el segundo proyecto, “Desarrollo Continuo”, el Municipio, la “Compañía F” y AESC dividieron más de 900.000 dólares en ganancias netas del DE.
El Municipio, a su vez, obtuvo 391.988 dólares y AESC obtuvo una ganancia neta de 375.499 dólares.
La “Compañía F” obtuvo una ganancia neta de 563.174 dólares, pese a que el costo real del proyecto fue aproximadamente de 439.587 dólares.
Ortiz, además recibió aproximadamente 22.900 dólares en pagos en efectivo de parte de AESC y Torres.
Por su parte, Cruz y Santos hicieron depósitos no autorizados y transferencia de fondos federales a la cuenta general y a la cuenta de nómina de Toa Baja y pagar la nómina municipal y contratistas municipales.
El 28 de octubre de 2014, según detalló Rodríguez Vélez, Cruz transfirió 2,53 millones de dólares de fondos de la sección 108, programa federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingles).
De igual manera, en varias fechas desde septiembre de 2014 a febrero de 2016, Cruz realizó depósitos de transferencias de fondos federales de los Departamento de Salud y el HUD a las cuentas generales y de nómina de Toa Baja para fines no autorizados.
La acusación identifica siete transacciones para un total de 1,75 millones de dólares.
Cruz y Santos tenían contratos hasta el pasado día 30 de junio contratos con la Cámara de Representantes y La Fortaleza, sede del Ejecutivo, informó Rodríguez Vélez.
Los acusados se exponen a hasta 10 años por conspiración, robo de fondos del gobierno, apropiación indebida de programas federales y lavado de dinero, y hasta 20 años por fraude postal y conspiración para cometer fraude electrónico y postal.
