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Aumenta el enfrentamiento institucional en P.Rico tras votación en Senado

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. EFE/Archivo

EFE

El enfrentamiento a tres bandas en Puerto Rico entre Ejecutivo, Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y Senado se elevó hoy después de que la Cámara baja rechazara la petición del gobernador de derogar la Ley 80 para cumplir con los acuerdos contraídos con la entidad de control federal.

El Senado de Puerto Rico rechazó, de nuevo, derogar esa norma, que establece una indemnización por despido improcedente, en una sesión extraordinaria solicitada por el gobernador, Ricardo Rosselló, el lunes, durante un mensaje al país en un último intento por evitar que la disputa institucional llegue a los tribunales.

El Senado rechazó el proyecto que busca derogar la Ley 80 con cuatro votos a favor y 18 en contra, lo que pone fin al consenso que pedía Rosselló y abre un periodo de incertidumbre.

Las tres instituciones implicadas ya dejaron claro que aunque se trate de una opción no deseada recurrirán a los tribunales si no queda otra alternativa.

“La Junta carece de autoridad moral. En el Senado no hacemos actos simbólicos, actuamos conforme a nuestra conciencia, la información que recibimos y cada senador puede votar como estime correcto”, aseguró el presidente de la Cámara baja, Thomas Rivera Schatz, durante su intervención.

El proyecto enviado por el Gobierno a la Cámara baja hoy incluía un fondo de dinero público para pagar por los despidos en el sector privado y unas enmiendas del senador Miguel Romero, quien fuera secretario del Trabajo durante la etapa de Luis Fortuño como gobernador.

Rosselló divulgó unas declaraciones poco después de conocerse el rechazo del Senado a derogar la Ley 80 en las que lamentó cómo se han sucedido los hechos.

“Convoqué a una sesión extraordinaria en espera de que el Senado utilizara los días que la Constitución dispone para una consideración responsable y prudente de todas las medidas en agenda. El presidente del Senado había afirmado la pasada semana que quería un diálogo para buscar una solución. Hoy, lamentablemente, cierra los trabajos sin permitir esa discusión”, dijo Rosselló.

El gobernador aseguró que el presidente del Senado optó por no dedicarle tiempo al asunto, dejando a Puerto Rico ante “la incertidumbre que ha provocado el incumplimiento del acuerdo con la Junta”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, había dicho sobre la convocatoria de una sesión extraordinaria que no se dejaría presionar para la evaluación y aprobación del proyecto.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo por sus parte sobre el enfrentamiento institucional que se utilizarían todos los medios a su alcance para poner en marcha el presupuesto.

Alertó además de que ir a tribunales sería “un gasto lamentable de energía, esfuerzos y recursos de los contribuyentes”.

Rosselló optó por firmar para el presupuesto del año fiscal 2019 que comienza en julio la versión aprobada por el Legislativo en lugar de la de la JSF.

Rosselló, el lunes, aclaró que la firma de la versión del Legislativo del presupuesto tuvo un “carácter simbólico”, dejando entrever que la ley, finalmente, obligaría a atenerse a la de la entidad de control federal.

La JSF y Rosselló acordaron un presupuesto para el año fiscal 2019 con una serie de inversiones para los municipios, la Universidad de Puerto Rico y el mantenimiento de la paga de Navidad, de los días de enfermedad y de las pensiones a cambio de derogar la Ley 80.

La JSF mantiene que acabar con esa norma es fundamental, ya que las indemnizaciones que estipula en caso de despido improcedente actúan como disuasorio para las inversiones foráneas en Puerto Rico y en general para el buen funcionamiento del mercado laboral y la economía.

La entidad de control aprobó un presupuesto que asciende a 8.760 millones de dólares que reduce el gasto público en 345 millones de dólares, incluido un recorte de 24 millones para las dos cámaras legislativas.

La JSF es una entidad de control a Gobierno y Legislativo de la isla que fue establecida con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés).

El Congreso en Washington aprobó en 2016 esa norma para atender el problema de la deuda impagable de 70.000 millones de dólares de Puerto Rico y para establecer una cuentas públicas saneadas.

Rosselló y el Legislativo rechazaron desde un primer momento esa entidad por considerarla una imposición al pueblo de Puerto Rico.


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