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Senado de Puerto Rico aprueba medida agricultores bonafide estén en pequeños negocios

El Senado aprobó una medida del representante Urayoán Hernández, que busca incluir a los agricultores bonafide, cuyos negocios cuenten con 15 empleados o menos, dentro de la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios. EFE/ARCHIVO

El Senado aprobó una medida del representante Urayoán Hernández, que busca incluir a los agricultores bonafide, cuyos negocios cuenten con 15 empleados o menos, dentro de la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios. EFE/ARCHIVO

EFE

El Senado aprobó una medida del representante Urayoán Hernández, que busca incluir a los agricultores bonafide, cuyos negocios cuenten con 15 empleados o menos, dentro de la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios.

Así lo indicó hoy en un comunicado la Cámara en el que se indicó que la medida fue aprobada ayer y que la misma nace con el propósito de ayudar a los agricultores a ampliar sus operaciones.

“En Puerto Rico hay unos 3.500 agricultores bonafide certificados, según información del Departamento de Agricultura. Este grupo de es uno de los que enfrenta mayores obstáculos al momento de desarrollar y ampliar su negocio debido a las reglamentaciones y requisitos aplicables a la industria”, dijo el también portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes.

La situación para este sector “es más difícil, toda vez que la Ley 454-2000 no establece claramente si los agricultores bonafide se encuentran sometidos a la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios. Por eso radicamos esa medida”, comentó.

La Oficina del Procurador de Pequeños Negocios surge como una respuesta al problema de “reglamentación excesiva” que ha caracterizado a Puerto Rico, opinó.

En este sentido, explicó que el Procurador de Pequeños Negocios tiene autoridad para atender reclamaciones presentadas por los comerciantes que recaen bajo su jurisdicción.

Entre los asuntos que se pueden presentar ante su consideración, se encuentran: decisiones o requerimientos por parte de agencias gubernamentales; imposición de penalidades o gravámenes excesivos; procedimientos adjudicatorios por parte de una agencia gubernamental; y reglamentos que resulten onerosos para el funcionamiento del negocio.


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