Gobernador de Puerto Rico dice es lamentable decisión Rivera de no derogar Ley 80
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo hoy que la no derogación de la Ley 80 es una “decisión lamentable” del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de quien dijo que “optó por obstaculizar, optó por seguir las mañas del pasado que nos han metido en esta situación” y “logró lo que siempre quiso”.
“Puerto Rico acaba de ver cómo se hace política y no cómo se debe hacer un Gobierno de futuro en momentos de retos y dificultad, con esta decisión lamentable del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Seguiremos el camino del cambio y transformación que hemos forjado. Sin embargo, este era el momento de unirnos y juntos lograr salir del pasado vergonzoso que heredamos”, dijo textualmente.
A su vez, indicó que Schatz “escogió un paso que nos aleja de encaminarnos a salir de este atolladero que nos legaron y que ya habíamos comenzado a disipar”.
“Durante las pasadas semanas, estuvimos realizando un arduo esfuerzo por salvar los beneficios del Bono de Navidad, licencias por días de enfermedad y vacaciones para los trabajadores del sector público y privado; además de lograr importantes asignaciones para los Gobiernos municipales. En ese esfuerzo, contamos con la decidida colaboración del presidente de la Cámara de Representantes y de la mayoría de la delegación de mayoría en ese cuerpo”, explicó en un comunicado.
A su vez, reconoció la yuda de Miguel Romero, Abel Nazario, Nelson Cruz, Margarita Nolasco e Itzamar Peña que, “a pesar de las presiones, trataron de evitar los males que hoy enfrentamos”.
Lamentablemente, hoy el presidente del Senado, “en un acto adicional en contra de nuestros esfuerzos en beneficio de la mayoría del Pueblo, logró lo que siempre quiso”.
El incumplimiento del acuerdo logrado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “dificulta nuestra defensa de las pensiones, además de crear incertidumbre de cambios en las leyes que mantendrían los beneficios del Bono de Navidad y los días por enfermedad y vacaciones en el sector privado”.
“El riesgo de la pérdida de miles de millones de dólares para Puerto Rico por concepto de reestructuración de la deuda recae sobre esta acción. De igual forma, la pérdida de millones de dólares en asignaciones para los Gobiernos municipales que habíamos logrado recae también sobre el presidente del Senado”, añadió.
Como gobernador, advirtió, “continuaré batallando los estilos viejos del inmovilismo y realizando el mayor esfuerzo para lograr el entendimiento que facilite que Puerto Rico pueda salir adelante. Exhorto a todos a unirse a este esfuerzo por reconstruir un mejor Puerto Rico, a pesar de los obstáculos que unos pocos crean”.
Hoy el caucus del Senado del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico rechazó derogar la Ley 80 que indemniza a los trabajadores despedidos de forma improcedente, tal y como le llegó el proyecto de la Cámara baja con enmiendas.
La derogación de la Ley 80 había sido negociada entre el gobernador, Ricardo Rosselló, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como condición para la aprobación del nuevo presupuesto y a cambio de mantener la paga navideña, los días de enfermedad, las pensiones de los empleados públicos y ciertas partidas de agencias.
Los legisladores del PNP rechazaron una propuesta del senador Miguel Romero, antiguo secretario del Trabajo, de eliminar la Ley 80 pero sin crearse un fondo de 100 millones de dólares para pagar con dinero público a los despedidos aprobada en la Cámara de Representantes como parte de la derogación de esa ley.
“El Senado da por terminado el asunto de la Ley 80. No se va a derogar la Ley 80”, anunció tras la votación el presidente del Senado.
“Si nos correspondiera ir a los tribunales para litigar contra la Junta, les adelanto que ya conversé con los abogados para así hacerlo y defender los fondos de los hospitales, los fondos del Departamento de la Familia, los fondos del Departamento de Seguridad, las becas de los estudiantes de la UPR, de educación especial, todos los fondos que sean necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda operar”, concluyó Rivera.
