Gobernador de P.Rico convierte en ley proyecto para transformar eléctrica AEE
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convertió hoy en ley con su firma el proyecto para transformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el objetivo de reducir las tarifas y transformar la primera empresa estatal de la isla.
La firma de la ley sigue al anuncio del pasado enero por parte de Rosselló de la privatización parcial de la AEE, corporación que algunos analistas catalogan de “mastodonte” con estructuras anquilosadas que ralentizaba el crecimiento, a lo que suma de prestar un servicio caro e ineficaz.
La privatización está limitada a la generación, mientras que para la distribución y transmisión, también en manos de la AEE, se ha optado por la concesión a término definido.
La ley, que define el marco legal de la reforma energética, permite abrir la convocatoria para recibir las ofertas de las empresas interesadas y proceder con su evaluación técnica, económica y financiera.
“En el día de hoy, hacemos ley una reforma energética que no tiene paralelos en nuestra historia. Con esta transformación de la AEE, el consumidor tendrá la opción de escoger, ya que esta ley permite la competencia y promueve que las nuevas empresas ofrezcan un servicio más económico, eficiente y amigable al ambiente”, dijo Rosselló en conferencia de prensa.
La transformación de la AEE se llevará a cabo mediante un modelo de alianza público-privada (APP), de manera transparente y pública, y contará con participación directa de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Energía.
“Estamos hablando de la privatización de la generación de energía y una concesión, a término definido, de la distribución y transmisión de energía. Para que Puerto Rico sea competitivo, con esta ley cumplimos con tres de los cuatros factores que nos limitaban”, destacó.
Matizó que la distribución y transmisión será entregada a empresas para su explotación temporal, aunque el Estado seguirá siendo el propietario de los activos.
Rosselló sostuvo que la iniciativa es necesaria para poner al día una empresa que de media es 28 años más vieja que las similares del resto de estados de EEUU.
“Puerto Rico será un modelo energético para toda América en el futuro”, destacó Rosselló, tras asegurar que se trata “de una pieza crítica para la transformación” económica.
El gobernador puntualizó que los empleos de los trabajadores de la AEE están garantizados en la ley, pues aquellos que no decidan irse con los operadores privados serán reubicados en otras áreas del Gobierno.
“Los empleados que han permanecido en la AEE han realizado un gran esfuerzo para servir a Puerto Rico. Ellos no son el problema y serán parte de la transformación”, aclaró.
Rosselló resaltó que la privatización de la generación de la AEE era necesaria al no disponer la compañía de recursos ni poder tomar préstamos para modernizarse en los mercados de deuda.
El marco de regulación de las transacciones de la AEE y la política pública energética para estas transacciones se desarrollará por un grupo de trabajo que hará recomendaciones al gobernador.
Más adelante se negociarán los términos de adjudicación y contratación de las empresas seleccionadas conforme a esta ley y que cumplan con los requisitos para transformar y modernizar el sistema energético.
Rosselló indicó que parte de los ingresos que genere la transformación de la AEE se destinará a capitalizar los fondos de retiro de los empleados, según se detalló en el Plan Para Puerto Rico.
“El plan de retiro de la AEE está en quiebra y debemos evitar que los perjudicados sean los retirados y los empleados actuales de la Autoridad”, concluyó el jefe del Ejecutivo.
La población y empresarios se quejan desde hace años de un deficiente servicio y tarifas que en el caso de las empresas condicionan su cuenta de resultados y actividad exportadora.
AEE está inmersa en un proceso de quiebra provocado por la imposibilidad de afrontar el pago de su millonaria de su deuda.
La compañía se rige por el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada por el Congreso en Washington, debido a no poder hacer frente al pago de una deuda de 9.000 millones de dólares.
