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Durbin llama a plantarse contra la política migratoria de “tolerancia cero”

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EFE

El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, declaró hoy que la política de “tolerancia cero” del Gobierno federal en la frontera con México, que ha separado a cientos de niños de sus padres, es una “vergüenza” a la que todos los habitantes de Estados Unidos deberían oponerse.

“Es el momento de que la gente de este país se plante y diga basta”, afirmó en conferencia de prensa, después de conocer a una inmigrante del Congo que pidió asilo y fue separada de su hija de siete años durante casi cuatro meses, con la que se reencontró recientemente en Chicago.

“Es muy difícil explicar o entender cómo hemos llegado a este punto”, señaló el legislador, al referirse a la política de “tolerancia cero” impulsada por el fiscal general, Jeff Sessions.

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Según anunció el 6 de mayo del Departamento de Justicia federal, se presentan cargos federales contra todos los extranjeros que sean sorprendidos cruzando la frontera irregularmente, por lo que los padres son enviados a establecimientos penales a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y los niños a refugios supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Pero la nueva política también ha repercutido en los pedidos de asilo, como el de la inmigrante congolesa, identificada como “L”, quien llegó en noviembre a California y convenció a las autoridades de Inmigración de que su vida corría peligro si era devuelta a su país.

Sin embargo, fue separada de su hija y enviada a un centro de detención para migrantes en San Diego, al sur de ese estado, mientras que la niña fue enviada a Chicago.

“Dos mil millas de distancia entre madre e hija, con solamente la posibilidad de una llamada telefónica semanal, una verdadera vergüenza”, dijo Durbin.

Según informó, la primera reacción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante su consulta de qué sucedió y por qué lo hicieron, fue “no trabajamos así”.

“Pero luego me informaron que esta es ahora la política del Gobierno, el peor ejemplo que puede dar un país considerado una luz en el mundo por quienes buscan refugio”, agregó.

Durbin, junto con 31 senadores, presentó la pasada semana un proyecto de ley que busca mantener juntas a las familias inmigrantes y prevenir que el DHS continúe separando a niños de sus padres en la frontera.

El proyecto de ley Keep Families Together (Mantener a las familias unidas) se desarrolló en consulta con expertos en bienestar infantil para garantizar que el gobierno federal actúe en el mejor interés de los niños.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Academia Estadounidense de Pediatría, el Kids In Need of Defense (KIND), la Coalición por los Derechos de Inmigrantes Humanitarios de Los Ángeles (CHIRLA) y el Children’s Law Center y el Young Center for Immigrant Rights.

La preocupación de los senadores y estos grupos se acrecentó después de conocer lo ocurrido con la mujer congoleña y su hija, en una caso que también llamó la atención de Liga Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Este organismo de defensa de los derechos civiles demandó al DHS y esta agencia informó de que la separación se produjo ante el temor de un posible caso de tráfico humano, porque la mujer no tenía documentación que probara que era la madre de la niña.

Esto fue probado más tarde con una prueba de ADN, y “L” quedó en libertad y fue trasladada a un refugio de Chicago para reencontrarse con su hija.

Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante de Chicago (NIJC), dijo en la conferencia de prensa que en dos semanas de mayo, un total de 658 niños y 638 adultos fueron separados en la frontera sur.

“Todo es consecuencia de una política injustificada, donde no hay temas de seguridad que amenacen al país”, señaló.

“Nuestras leyes prevén protección para quienes buscan refugio, y no requieren que los padres sean separados de sus hijos y retenidos en cárceles remotas”, agregó.

El NIJC, que asumió la representación legal de la inmigrante, considera crítica la presencia de abogados para acompañar las audiencias donde se sustancian los pedidos de asilo.

En este caso la mujer no habría entendido los argumentos legales y dispensó la posibilidad de una apelación ante la amenaza de que el trámite duraría por lo menos seis meses.

“Ella estaba traumatizada, obsesionada con ver a su niña y dispensó su derecho”, dijo a su vez la abogada Anne Walsh, quien presentó una moción para reabrir el caso, pero fue negada.

“El Gobierno usa las separaciones para vencer la voluntad de los inmigrantes y evitar que pidan asilo”, opinó Walsh, quien admitió que se enfrentan a una lucha “cuesta arriba” para lograr que la inmigrante del Congo tenga derecho al proceso debido.

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