Denuncian que derogar la Ley 80 en P.Rico beneficiaría a José Carrión
El legislador del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Luis Cruz denunció que la derogación de la Ley 80 crearía un mercado de pólizas de seguros en Puerto Rico que supuestamente beneficiaría de forma directa a la empresa del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión.
“El presidente de la JSF, José Carrión, es también el presidente de la Junta de Directores de la empresa HUB International CLC. Esa empresa ofrece en el mercado de seguros pólizas conocidas como ‘Employment Practices LiabilityInsurance’ -EPLI- que protegen a patronos en casos de demandas por despidos injustificados”, señaló en un comunicado el legislador.
“Actualmente, la existencia de la Ley 80 hace innecesario que los patronos adquieran esa cubierta de seguros, pues su riesgo está limitado al pago de mesada. Sin embargo, al eliminarse la Ley 80 se abriría un mercado millonario en Puerto Rico para la venta de ese tipo de producto” indicó Cruz.
El portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes subrayó que la misma página electrónica de la empresa HUB International CLC indica que toda persona que tiene empleados debe adquirir una póliza EPLI para evitar el riesgo de demandas por despidos improcedentes o injustificados.
“El obstinado reclamo del señor Carrión y la Junta de Control Fiscal en la eliminación de la Ley 80 plantea serios conflictos de interés, pues tanto éste como la empresa que preside se beneficiarían económicamente con la eliminación de dicha ley”, opinó el legislador.
Cruz sostuvo que el gobernador de Puerto Rico conoce este conflicto “y ha consentido y defendido el enriquecimiento de Carrión a costa de la eliminación de derechos laborales”.
“Resta preguntarse si la Legislatura de Puerto Rico habrá de prestarse para legislar beneficios económicos a Carrión y a su empresa mientras éste utiliza el poder de la JSF como herramienta de negocios”, concluyó.
La Ley 80 es la clave de la negociación para el Plan fiscal y el próximo presupuesto entre el Gobierno que encabeza Ricardo Rosselló y la JSF, entidad de control federal impuesta por el Congreso en Washington para afrontar el asunto de una deuda de 70.000 millones de dólares impagable.
La JSF y el Gobierno alcanzaron a finales de mayo un acuerdo para el presupuesto del año fiscal 2019 con el objetivo de favorecer el crecimiento económico.
Rosselló se había negado en un primer momento a aceptar las medidas establecidas por el Plan Fiscal, que incluyen la eliminación de la paga navideña de los trabajadores, la reducción de los días de vacaciones y de los de enfermedad.
Finalmente, la JSF aceptó que el Ejecutivo de Rosselló no implementara las exigencias de la entidad de control federal de recortes de beneficios laborales pero a cambio de la derogación de la Ley 80.
Ésta establece que el empleado que sea despedido sin causa justificada tendrá derecho a recibir del patrono tres meses de sueldo por concepto de indemnización y una cifra equivalente a dos semanas de sueldo por año trabajado.
