Junta de Supervisión envía al Legislativo de Puerto Rico el presupuesto para 2019
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo, envió hoy al Legislativo de Puerto Rico el presupuesto acordado con el Gobierno para el ejercicio fiscal 2019 a cambio de la derogación de la Ley 80, que establece una compensación para los despedidos de forma improcedente.
El documento, que incluye una resolución de la JSF de total apoyo de sus miembros al nuevo presupuesto, establece la cifra de 8.748 millones de dólares para operaciones del Gobierno Central.
Un total de 6.918 millones de dólares se destinarán al fondo general y 1.830 millones a asignaciones especiales.
El nuevo presupuesto incluye el aumento que pedía la JSF para que la entidad de control federal siguiera operando y destinar 280 millones de dólares provenientes del impuesto sobre el barril del petróleo que estaban previstos para el pago de la deuda pasen ahora a salarios de empleados públicos, en concreto de los cuerpos de Policía y los Bomberos.
El documento llega al Legislativo después de que el gobernador, Ricardo Rosselló, y la JSF establecieran que la cantidad que recibirán las cámaras legislativas se mantendría tal y como estaba previsto.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico había presentado el presupuesto revisado a la JSF el día 1 del presente mes.
El presupuesto enviado por la JSF al Legislativo tiene que ser ratificado por las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, para posteriormente pasar a la entidad de control federal para que lo certifique.
La JSF ya advirtió que solo certificara el presupuesto del año fiscal 2019 si se deroga la Ley 80.
La entidad de control federal exige la derogación de la Ley 80 por entender que esa legislación laboral constituye un obstáculo real para la creación y retención de empleos.
La JSF, entidad de control federal impuesta por el Congreso en Washington para atender el asunto de la deuda, y el Gobierno que lidera Ricardo Roselló alcanzaron a finales de mayo un acuerdo para el presupuesto del año fiscal 2019 con el objetivo de favorecer el crecimiento económico.
Rosselló se había negado en un primer momento a aceptar las medidas establecidas por el Plan Fiscal, que incluyen la eliminación de la paga navideña de los trabajadores, la reducción de los días de vacaciones y de los de enfermedad.
Finalmente, la JSF aceptó que el Ejecutivo de Rosselló no implementara las exigencias de la entidad de control federal de recortes de beneficios laborales, pero a cambio de la derogación de la Ley 80, que establece que el empleado que sea despedido sin causa justificada tendrá derecho a recibir del patrono 3 meses de sueldo por concepto de indemnización y una cifra equivalente a dos semanas de sueldo por año trabajado.
