China encabeza “lista negra” de violaciones de propiedad intelectual
China encabeza la “lista negra” que elabora el Gobierno sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes en el mundo, un listado que completan otros once países, incluyendo India, Rusia y Colombia.
En su informe Special 301, elaborado anualmente y que evalúa la situación de la piratería intelectual fuera del país, el Gobierno estadounidense mantuvo a China en lo más alto de su lista de “vigilancia prioritaria”.
El Gobierno denuncia que el país asiático, que se encuentra en esta lista de “vigilancia prioritaria” por decimocuarto año consecutivo, impide la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual.
Además, la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR, por su sigla en inglés), encargada de este análisis, considera que China comete una amplia gama de malas prácticas en términos de derechos de autor, incluyendo el robo de secretos comerciales, la piratería en línea y la fabricación falsificada.
“Este informe envía una señal clara a nuestros socios comerciales de que la protección de los derechos de propiedad intelectual de los estadounidenses es una prioridad principal de la Administración (del presidente Donald) Trump”, señaló en un comunicado Robert Lighthizer, responsable de Comercio Exterior.
También figura en la lista India, en la que se destacan las “serias preocupaciones” existentes sobre el “contexto del futuro de la innovación”, en particular respecto al sistema de registro de patentes.
La “lista negra” la componen, en total, doce países: China, India, Rusia, Venezuela, Colombia, Canadá, Algeria, Argentina, Chile, Indonesia, Kuwait y Ucrania.
Sobre Colombia, a la que el Gobierno ha incluido este año en esa clasificación, el informe resalta su “fracaso de larga duración” para lograr un progreso en la protección de los derechos de autor, una obligación derivada del Acuerdo de Promoción Comercial entre ambos países.
El Gobierno también apunta a Canadá por su falta de autoridad aduanera para inspeccionar o detener presuntos productos falsificados o pirateados enviados a través del país vecino y por su protección “deficiente” de los derechos de autor.
