México responde ante la CorteIDH por desapariciones en el combate al narcotráfico
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) llevará a cabo este jueves una audiencia pública por una demanda contra México por la alegada desaparición forzada de tres personas en un operativo militar contra el narcotráfico en el 2009.
Las personas desaparecidas y cuyo paradero aún se desconoce son los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes habrían sido privados de la libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes militares.
Los hechos ocurrieron en el Estado de Chihuahua el 29 de diciembre de 2009.
Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este es el primer caso que conoce la Corte por desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
El representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, México, Gabino Gómez, dijo hoy a Efe que a partir de 2008 aumentó la violencia con la militarización de la lucha contra el narcotráfico.
El activista explicó que espera que la Corte Interamericana emita una sentencia que repare a las familias y que obligue al Estado de México determinar el paradero de las tres personas desaparecidas.
Gómez comentó que dependiendo de lo que diga la eventual sentencia, también podría convertirse en una “descalificación” a la Ley de Seguridad Interior de México que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El caso ante la Corte Interamericana también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones, por lo que la demanda alega que la aplicación de justicia militar al caso podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.
La demanda indica que hay una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos.
Este es el primer caso de desapariciones forzadas en el contexto de lucha contra el narcotráfico en México que llega a la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
