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“Tribunal del Pueblo” en El Paso pide cuentas a autoridades migratorias

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EFE

El “Tribunal del Pueblo” de El Paso (Texas), una organización creada por activistas de derechos de los inmigrantes y personas que se han visto afectadas directamente por el sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), pidieron hoy explicaciones a la autoridad migratoria.

Los miembros del grupo dijeron en una rueda de prensa que el “Tribunal del Pueblo” ha presentado tres cargos en contra del ICE por su ejercicio de “secretismo y abuso sistémico”, que ha ido en aumento durante la actual Administración del presidente Donald Trump.

“Esto es para informar a la comunidad, pero también es un llamado para demostrarle al Congreso que no estamos viendo ningún tipo de transparencia, que no se hacen responsables de los abusos que estamos viendo”, dijo a Efe Gloria Amesquita, vocera de Mexicanos en el Exilio, con sede en la ciudad fronteriza de El Paso.

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A través de este mecanismo, los organizadores documentarán información relevante sobre abusos de poder del ICE, que será enviada a Washington con el fin de “cambiar las políticas de los centros de detención migratoria a nivel nacional”, afirmó.

El “Tribunal del Pueblo” es uno de varios tribunales de la comunidad coordinados en todo el país por la coalición nacional de organizaciones Detention Watch Network, como parte de la campaña #ICEonTrial.

Los activistas aseguraron que al ver que las agencias de inmigración “continúan sus abusos sin hacerse responsables de las injusticias, violaciones de derechos humanos y hasta delitos”, han tenido que empujar para buscar justicia desde el pueblo.

“Es un toque de atención por las prácticas infrahumanas de la ‘migra’, que ya no tiene discreción para nada”, dijo Carlos Spector, abogado migratorio y representante legal de Mexicanos en el Exilio.

Spector señaló que la actual Administración Trump le ha quitado a los agentes del ICE la facultad de liberar bajo su criterio a los inmigrantes para procesarlos en los tribunales, de acuerdo a cada caso.

“Eso implica dejar gente seriamente enferma y no dejarla salir. Padres de niños con cáncer severo, por ejemplo”, mencionó.

El letrado apuntó que los grupos regionales, entre ellos el Comité de Solidaridad con los Inmigrantes Detenidos, el Centro de Ayuda para Inmigrantes Las Américas y el Instituto Hope de la Frontera, buscan que el Congreso intervenga en el tema y se restauren las facultades de discrecionalidad para los jueces migratorios y agentes del ICE.

Entre los inmigrantes que ofrecieron su testimonio estuvo Mariana Ibarra, quien durante su proceso de asilo político, fue detenida por ocho meses, separada de su hijo recién nacido.

En un comunicado, el director de Detention Watch Network, Danny Cendejas dijo que ICE tiene que ser obligado a hacer públicas todas sus operaciones en los centros de detención migratoria.

“ICE es una agencia del gobierno responsable por sus indignantes abusos y hasta muertes que manejan con la mentalidad de ‘no responder a nadie”, detalló el activista.

De acuerdo a datos oficiales y reportes de varias organizaciones, entre ellas el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, a partir de 2009, la ley de asignaciones del Congreso de Estados Unidos exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantenga ocupadas 34.000 camas de detención de inmigrantes a diario.

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