Presidente de la Universidad de Puerto Rico rechaza medidas de Junta Supervisión
El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, dijo hoy que “no le dará paso” a medidas que provoquen una carga demasiado pesada para los estudiantes y empleados, tras aprobar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el Plan Fiscal de la entidad educativa.
Alomar señaló a través de un comunicado que tampoco adoptará medidas que trastoquen políticas institucionales, tales como la eliminación del bono de Navidad y la reducción de las pensiones de los empleados de la UPR.
Las palabras de Alomar llegan después de que la JSF aprobara hoy un Plan Fiscal para la UPR que contiene aumentos en el coste de matrícula y un recorte de pensiones del 17 % para sus empleados.
Hasta el momento, los estudiantes pagaban 57 dólares por crédito, pero la JCF impuso una subida a 115 dólares que continuará aumentando hasta los 157 dólares en el año fiscal 2023.
Para los estudiantes ya graduados, la matrícula anual pasará de los 3.699 dólares a los 7.241 dólares en 2023.
Además, los once campus actuales quedarán incluidos en los cuatro macro centros de Río Piedras, Mayagüez, Cayey y Ciencias Médicas.
“Nos mantenemos firmes en que es la administración de la UPR quien debe tomar las decisiones de asuntos directamente relacionados a la implementación de políticas institucionales. Esto no es negociable”, expresó Alomar.
Asimismo, insistió en que “es imperativo aumentar el fondo de becas para ayudar a más estudiantes con necesidad económica”, como se propuso en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR.
En este Plan, la UPR crearía un fondo de 39 millones de dólares que sería distribuido a los estudiantes según su necesidad económica, mientras que el plan de la JSF reduce este fondo de becas a 9 millones de dólares.
Se opuso, además, a la eliminación de casi todas las exenciones de matrícula para los estudiantes, según establece el plan aprobado por el organismo federal.
“La JSF excede su autoridad al establecer guías para los desembolsos de becas. Esto es un asunto de política institucional que debe ser evaluado y establecido por la comunidad universitaria. Debemos enfatizar que todas las universidades ofrecen algún tipo de exención. Eliminarlas todas afectará el prestigio y la competitividad de nuestra institución”, recalcó.
El presidente de la Junta de Gobierno calificó como un buen paso que la JSF expresara hoy que están abiertos al diálogo con la administración universitaria.
No obstante, Alomar no descartó responder por la vía judicial, de ser necesario, para evitar la implementación de las medidas del plan aprobado por el ente fiscal, con la abstención de un miembro de la JSF, Ana Matosantos.
Alomar destacó que la JSF también excedió su poder al incluir en su plan un modelo específico de consolidación de recintos.
“Enfatizamos que esta decisión es una determinación institucional que depende de muchos factores y requerimientos académicos. Los expertos en asuntos académicos están en la UPR, no en la Junta”, afirmó.
De hecho, explicó que el proceso de consolidación debe ser evaluado, planificado e informado con antelación a las agencias acreditadoras, incluyendo a la Middle States Commission on Higher Education.
