Demanda colectiva en Georgia señala trabajo forzado con los inmigrantes reclusos
Un grupo de organizaciones presentó hoy una demanda contra la corporación que administra el Centro de Detención de Stewart, en Georgia, para exigir que pongan fin al trabajo forzado del que alegan son sujeto los inmigrantes detenidos.
La demanda colectiva fue presentada por Project South, en conjunto con el Southern Poverty and Law Center (SPLC) y los abogados Andrew Free y Burns Charest contra la corporación CoreCivic (conocida anteriormente como Corrections Corporation of America) por presuntamente violar leyes laborales, tanto federales como estatales.
“El propósito de nuestra demanda es poner fin al trabajo forzado en el Centro de Detención de Stewart, donde la corporación carcelaria CoreCivic básicamente depende de la mano de obra de inmigrantes detenidos para operar las instalaciones”, dijo a Efe Azadeh Shahshahani, abogada de Project South.
De acuerdo con la demanda, la corporación paga entre 1 y 4 dólares al día a los detenidos por realizar labores de limpieza y preparación de alimentos.
Shahshahani explicó que pese a que el trabajo debería ser voluntario, los inmigrantes que no quieren realizar las labores asignadas son sometidos a castigos que irían desde el retiro de beneficios y servicios básicos como alimentación, higiene o acceso a llamadas telefónicas, hasta celdas de aislamiento.
De acuerdo con uno de los demandantes actualmente detenido en Stewart, el guatemalteco Wilhen Hill Barrientos, con el programa “Dollar-a-Day” se ven forzados a elegir entre trabajar por casi nada o perder el acceso a necesidades básicas, seguridad y privacidad.
“La corporación carcelaria CoreCivic está explotando la mano de obra de los inmigrantes detenidos para enriquecerse -cuando sus ingresos el pasado año fueron de cerca de 1.800 millones de dólares. Esto debe terminarse”, aseveró Shahshahani.
La abogada indicó que actualmente hay otras demandas similares interpuestas en los estados de California, Washington, Colorado y Texas para tratar de poner fin a esta práctica.
El centro, ubicado en Lumpkin, Georgia, ha sido blanco de críticas durante años por presuntos abusos y trato indebido de detenidos.
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