Los maestros de P.Rico critican decisión del Gobierno de cerrar 284 escuelas
Asociaciones de maestros del sistema de educación pública de Puerto Rico reaccionaron hoy a la decisión del Gobierno local de cerrar 284 escuelas para el próximo semestre, como parte del plan para afrontar la crisis económica de la isla.
El anuncio lo ofreció el jueves la secretaria de Educación, Julia Keleher, al detallar que el sistema de enseñanza público permanecerá con 828 escuelas en sus siete regiones.
En declaraciones escritas, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, indicó que “el daño” que Keleher “le está haciendo a los niños, jóvenes y a sus padres es ‘inmensurable’”.
“Nadie en su sano juicio actúa de la forma en que ella está actuando. Este cierre injustificado de escuelas responde a su trabajo exclusivo de adelantar una agenda en favor de compañías privadas que ella enriquecerá entregándole los fondos públicos de la educación de nuestros niños”, enfatizó Díaz.
En enero pasado, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y Keleher habían anunciado que el Gobierno iba a clausurar 305 escuelas en los próximos cinco años, según el plan fiscal para el periodo 2019-2022 del jefe del Ejecutivo.
“Estamos del lado de todas las comunidades escolares y vamos a dar juntos la batalla para evitar el cierre discriminatorio e injusto de sus escuelas”, afirmo Díaz.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, calificó de “un atentado contra la educación pública y la niñez” el anuncio oficial.
Martínez criticó además a Keleher por el cierre de las escuelas, mientras el Gobierno invertirá 17 millones de dólares en un contrato a la empresa Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics “para implementar la enseñanza de valores en las escuelas”.
“Definitivamente, el Gobierno tiene las prioridades invertidas cuando cierra escuelas y usa el dinero de los niños para un programa que busca favorecer una empresa con vínculos con las estructuras de poder en Puerto Rico y que no ha mostrado resultados tangibles en contratos anteriores con la agencia”, denunció Martínez.
La líder dijo además que la mayoría de las escuelas que el Gobierno propone cerrar “son principalmente las ubicadas en zonas rurales y de desventaja económica, lo que creará un problema de falta de acceso a la educación de parte de los niños de familias pobres e hijos de trabajadores”.
Además, según Martínez, esto “contribuirá al aumento en la deserción escolar y, por ende, a la profundización de los problemas sociales”, mientras que las estructuras abandonadas “se convertirán en estorbos públicos como ya ocurre con los planteles descartados anteriormente”.
La decisión para cerrar las escuelas fue tomada por factores individuales o combinados, tales como matrícula, bajo porcentaje de utilización de su capacidad de espacio, condiciones de la planta física, zonas de incidencia criminal, distancia, accesibilidad, aprovechamiento académico y servicios a estudiantes de educación especial.
Puerto Rico afronta una deuda millonaria que ronda los 70.000 millones de dólares y una década de profunda crisis económica, lo que llevó al Gobierno de EE.UU., del que la isla es estado libre asociado, a crear una Junta de Supervisión Fiscal para controlar la situación.
