Jurado halla “responsables” de muertes a expresidente boliviano y exministro
Un jurado de EE.UU. responsabilizó hoy el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín de las muertes de ocho personas en las protestas sociales registradas en Bolivia en 2003 y fijó compensaciones por 10 millones de dólares.
Ninguno de los dos Sánchez asistió a la lectura del veredicto de los diez miembros del jurado en el tribunal civil de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) presidido por el juez James I. Cohn.
Ambos fueron declarados responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero no de asesinatos intencionados, lo que de acuerdo con integrantes de su equipo es una “incoherencia”.
Sus abogados dijeron que no están de acuerdo con el jurado, destacaron que el juicio todavía no ha terminado, pues el juez tiene la última palabra, y confiaron en que “el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”.
Los representantes de las nueve personas que demandaron al expresidente y al exministro se mostraron, por el contrario, exultantes.
“Es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado”, dijo a Efe Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de Harvard, que forma parte del equipo legal de los demandantes.
“El jurado estuvo a favor de nuestra evidencia. Esta tragedia no la podían tapar los abogados con un dedo”, dijo Eloy Rojas Mamani, uno de los demandantes.
Los otros son Etelvina Ramos Mamani, Teofilo Baltazar Cerro, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.
Una vez conocido el veredicto, abogados y demandantes ofrecieron una rueda de prensa en la que enarbolaron grandes fotografías de algunas de los ocho víctimas objeto de esta demanda civil planteada en 2007.
En la llamada “guerra del gas” que estalló en Bolivia en 2003 contra un plan gubernamental para la exportación del combustible a través de Chile y que derivó en la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de ese año murieron más de medio centenar de personas.
Sánchez de Lozada, de 87 años, y Sánchez Berzaín, de 58, residen y gozan de asilo en EE.UU. desde su salida de Bolivia.
“Los eventos en Bolivia en 2003 fueron trágicos para todos los bolivianos, incluidos nuestros clientes. Desde ese momento, el Presidente y su Ministro de Defensa han solicitado una cosa: una investigación independiente y exhaustiva de lo sucedido”, señalaron los abogados de los Sánchez.
Según estos letrados, el tribunal encabezado por Cohn ha solicitado “información complementaria” a las partes y se va a celebrar una sesión informativa el 4 de mayo de 2018.
“El tribunal de primera instancia emitirá su decisión final después de esa fecha”, agregaron.
Mauricio Bálcazar, que es yerno de Sánchez de Lozada y fue ministro de Comunicación Social en su primer gobierno, dijo a Efe que hay una “incoherencia” en el hecho de que el jurado no encontrara “asesinatos intencionados” y sí “ejecuciones extrajudiciales”.
“¿Cómo puede haber responsabilidad si no hubo intención?”, dijo.
Durante el juicio ambas partes presentaron alrededor de cuarenta testigos, algunos en videograbaciones, que buscaron determinar si el gobierno de Sánchez de Lozada intencionalmente planificó y ordenó a los militares matar civiles para contener las protestas, y si tuvo voluntad real de negociar para evitar pérdidas humanas.
También se trató de establecer si el gobierno del actual presidente boliviano, Evo Morales , estaba detrás del juicio, y el papel del hoy mandatario en las manifestaciones de 2003 cuando era líder del sindicato de los cocaleros.
Los abogados de la parte demandada responsabilizaron de las muertes a Morales y al líder aimara Felipe Quispe por promover los bloqueos de vías y puentes que llevaron a la escasez de suministros, comida y combustible y a amenazas de saqueos.
“Hacer nada no era una opción”, señalaron los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en sus alegatos.
Sánchez de Lozada dijo durante su testimonio en el juicio que agotó los recursos para dialogar con los manifestantes durante los disturbios y bloqueos de vías y que nunca dio una orden a los militares de matar civiles para reprimir las protestas.
Los demandantes, sin embargo, buscaron responsabilizarlos de las muertes como jefes de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Testigos de los demandantes atribuyeron a Sánchez de Berzaín, entonces ministro de Defensa, insultos contra los indígenas durante las protestas y amenazas de muerte con tal de “resolver” los bloqueos que impedían suministro de comida y combustible.
El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales.
