Advertisement
Share

Rosselló insiste en que no aceptará la imposición de política pública

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofrece una rueda de prensa. EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofrece una rueda de prensa. EFE/Archivo

EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, insistió hoy en que no aceptará la imposición de política pública por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal de control al Ejecutivo.

“No voy a delegar la virtud como pueblo democrático de ceder la política pública a una Junta”, señaló Rosselló en conferencia de prensa en alusión a la JSF.

El gobernador de Puerto Rico anunció recientemente que el próximo día 5 entregará a la JSF un nuevo Plan Fiscal revisado, del que están excluidos el despido de empleados públicos, una reforma laboral y un recorte a las pensiones, tal y como pide la entidad de control al Ejecutivo de la isla caribeña para mantener unas cuentas públicas equilibradas.

“A los asuntos de política pública que quieran imponer -la JSF- no se les va a dar paso”, subrayó el gobernador, tras asegurar que siempre se opuso a la imposición en Puerto Rico de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés) que establece la JSF.

Rosselló se refirió además al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja de EEUU, Rob Bishop, quien se dirigió recientemente a la JSF para subrayar que el Congreso en Washington dio potestad -a través de Promesa- a la entidad federal para llevar a cabo reformas estructurales en el Estado Libre Asociado, incluida, en su opinión, de política pública.

El jefe del Ejecutivo resaltó que Bishop no se hubiera atrevido a pronunciarse sobre cualquier estado de EEUU tal y como lo hizo sobre Puerto Rico y la JSF.

Gobierno está desde junio de 2016 sometido al control de JSF, entidad resultante de la normativa aprobada por el Congreso de EEUU.

El Congreso, cuando en 2015 en Ejecutivo local reconoció que no podía pagar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares, aprobó Promesa.


Advertisement