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CIDH pide a Colombia que adopte medidas para proteger a líderes comunitarios

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el peruano Francisco Eguiguren. EFE/Archivo

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el peruano Francisco Eguiguren. EFE/Archivo

EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó hoy al Gobierno colombiano que tome medidas cautelares de protección sobre los líderes de la comunidad de Alta Mira y Frontera, en la zona de la frontera con Ecuador.

La institución reclamó a Colombia que implemente actuaciones para salvaguardar la vida y la integridad personal de los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (CCAMF), en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, según un comunicado.

La decisión de la CIDH llega después de que el pasado octubre el líder comunitario José Jair Cortés, uno de los miembros del Consejo, fuera asesinado en una zona rural del municipio colombiano de Tumaco, en donde días antes había habido una matanza de al menos siete campesinos cocaleros.

La entidad explicó que el colectivo se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” y citó el valor estratégico del enclave para supuestas actividades ilícitas, así como la actuación de grupos armados ilegales que presuntamente buscan hacerse con el control territorial.

En este sentido, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) incidió en que estas medidas cautelares sean “culturalmente adecuadas” para que “puedan desarrollar sus labores, en el marco de las propias formas de autogobierno”, “sin ser objeto de violencia, amenazas y hostigamientos”.

La Comisión sugirió que estas medidas podrían ir encaminadas a “posibilitar sus desplazamientos en condiciones de seguridad y fortalecer los medios de comunicación para atender emergencias”.

La CIDH argumentó su reclamo en que, a pesar de las medidas anunciadas por el Estado, continuaría el riesgo.

También incidió en que esta medida cautelar y su aplicación no constituyen un “prejuzgamiento” ante una posible petición ante el sistema interamericano sobre el caso en la que se aleguen violaciones a los derechos de esta comunidad.


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