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Poder adquisitivo del ingreso laboral de los mexicanos cayó 10,6 % desde 2005

Varias personas realizan compras en una tienda departamental en Ciudad de México. EFE/Archivo

Varias personas realizan compras en una tienda departamental en Ciudad de México. EFE/Archivo

EFE

El poder adquisitivo del ingreso laboral cayó 10,6 % en México entre 2005 y 2017 y ha mostrado una trayectoria errática en las últimas décadas, impactando en la lucha contra la pobreza, informó hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“A nivel de los hogares, si bien el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8,6 % entre 2014 y 2016, este se redujo 10,6 % entre 2005 y 2017", detalló el Coneval en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

De esta manera, el informe destacó que la inflación de 6,77 % registrada en 2017, la más alta desde 2000, supuso una disminución del poder de compra de los hogares de 2,5 % ese año.

“Aunado a lo anterior, la desigualdad en la distribución del ingreso se ha mantenido elevada y no se observan factores económicos, como una mejora en la productividad, que permitan suponer un cambio en esta tendencia”, agregó el estudio, que analiza el desempeño de la política de desarrollo social en México.

El Coneval resaltó que los datos de la pobreza muestran “un panorama mixto”. Entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3,9 millones de personas, pero al mismo tiempo 2,9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema.

“Lo anterior es resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas” en un contexto en que el ingreso de los hogares ha tenido una “trayectoria errática”, destacó el Coneval.

Entre 1992 y 2016 el ingreso promedio ha tenido fluctuaciones que no han permitido mejoras permanentes en el bienestar de los hogares. Y es que las crisis económicas en este periodo, entre otros factores, se tradujeron en un crecimiento económico promedio anual de 2,4 %, lo que representa solo 1,3 % en términos per cápita.

La carencia por acceso a los servicios de salud tuvo la mayor reducción entre 2008 y 2016 (alrededor de 24 millones de personas), seguida de la carencia de calidad y espacios de la vivienda (5 millones de personas menos).

La carencia de acceso a la seguridad social disminuyó en 4,1 millones de personas, pero todavía 68,4 millones presentan la carencia.

La carencia de acceso a la alimentación prácticamente no tuvo cambios en este periodo, y en 2016 había 24,6 millones de personas con esta carencia.

El sector salud registró avances en la cobertura y la oferta de servicios. Por ejemplo, en 2014, 96 % de los partos a nivel nacional se atendieron por personal calificado.

Sin embargo, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca mostraban niveles bajos de atención obstétrica profesional a la hora del parto con 75,8 %, 85,4 % y 88,9 %, respectivamente.

Coneval instó a potenciar la productividad de la economía, y destacó que la informalidad es uno de los principales obstáculos para impulsarla.

Positivamente, durante el periodo 2009-2017 se observó una disminución en la proporción de empleos informales, que pasó de 60 % 57 %.

Adicionalmente, algunos grupos de la población, como los jóvenes entre 15 y 29 años, tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59,9 % se encontraban en empleos informales.

El Informe de Evaluación 2018 también señaló que el presupuesto dirigido a la educación ha hecho posible que en el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización llegara a 98,4 % en primaria y 86,2 % en secundaria.

Sin embargo, la permanencia de los estudiantes de educación media y superior se ve afectada negativamente por la falta de recursos económicos en los hogares.

En 2016, poco más de un millón de personas entre 3 y 17 años que vivían en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo no asistían a la escuela.

Finalmente, para el derecho a un medio ambiente sano, el informe señaló la necesidad de vigilar elementos indispensables para su cumplimiento, tales como la disponibilidad de agua y su saneamiento, la calidad del aire y sus afectaciones, el cambio climático o el manejo de residuos tanto sólidos como peligrosos.


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