Presentan proyecto en P.Rico para facilitar acceso a la justicia de sordos
El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de Puerto Rico, Juan Dalmau, presentará un proyecto para crear una Ley que viabilice el acceso a la justicia de las personas sordas.
Dalmau hizo la presentación junto a Juan José Troche, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL); Edgardo Figueroa y Eugenio Sastre, presidente y vocal del Movimiento Autónomo de Sordos, respectivamente, y la relacionista profesional y asesora de MAS y SAL, Sandra Rodríguez, y los intérpretes de lenguaje de señas, Jennifer Martínez y Ricardo Ortiz.
“Uno de los principales calvarios que padecen las personas sordas en Puerto Rico es el tener que enfrentar un sistema judicial que no tiene un tratamiento uniforme y garantizado para esta comunidad”, dijo el senador.
Esto en ocasiones, agregó, “resulta en graves injusticias y violaciones a sus derechos constitucionales”.
“Ninguna disposición legal, ni la jurisprudencia, ha atendido de manera clara, específica y orgánica las necesidades y barreras que confronta la comunidad sorda en su interacción directa con los tribunales de justicia, sea en casos criminales, civiles o administrativos”, subrayó el senador independentista.
El portavoz senatorial del PIP puntualizó que la falta de un intérprete adecuado en cualquier etapa de un procedimiento criminal, incluida la vista de causa probable para arrestar, “coloca a la persona sorda en una desventaja sustancial frente a la maquinaria penal del Estado, y representa un menoscabo inaceptable de su derecho fundamental a no ser privado de su libertad sin el Debido Proceso de Ley”.
Igualmente, añadió, la carencia de una via de comunicación eficaz en procesos administrativos y civiles “implica violaciones a derechos constitucionales y estatutarios cuando, entre otros ejemplos, la oportunidad de apelar, la vida familiar, la continuidad de relaciones paterno-filiares, la seguridad de un techo o el sustento mismo de una persona sorda, y de sus parientes, está en controversia”.
“Como consecuencia de esta falta de especificidad jurídica conocemos de casos recientes, incluso reseñados por la prensa, en que personas sordas han sufrido desahucios, la remoción de sus hijos(as) menores de edad y la pérdida de su libertad sin la intervención oportuna de un(a) intérprete, en detrimento de sus derechos constitucionales y estatutarios”, indicó.
Todas ellas acciones “insensibles” y “atropellantes como estas no pueden continuar sucediendo en nuestro país, y menos con el aval del Estado”, subrayó Dalmau Ramírez.
“Como cuestión de justicia, es imperativo que adoptemos legislación para viabilizar el acceso de la comunidad sorda a nuestros tribunales y otros foros adjudicativos, y que generemos garantías sistemáticas que concreten el reconocimiento de la inviolabilidad de su dignidad y su derecho a la igual protección de las leyes”, concluyó el legislador.
