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Juez ordena a Los Ángeles suspenda medidas contra presuntos pandilleros

Un tribunal federal de California ordenó hoy a la ciudad de Los Ángeles que suspenda las medidas cautelares contra unos 1.500 residentes que habían sido catalogados por las autoridades como posibles "pandilleros". EFE/ARCHIVO

Un tribunal federal de California ordenó hoy a la ciudad de Los Ángeles que suspenda las medidas cautelares contra unos 1.500 residentes que habían sido catalogados por las autoridades como posibles “pandilleros”. EFE/ARCHIVO

EFE

Un tribunal federal de California ordenó hoy a la ciudad de Los Ángeles que suspenda las medidas cautelares contra unos 1.500 residentes que habían sido catalogados por las autoridades como posibles “pandilleros”.

La decisión se da tras una demanda que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la Coalición de Justicia Juvenil, que argumenta que las ordenes judiciales violan los derechos constitucionales de los afectados.

Como parte de su lucha contra las pandillas, las autoridades de Los Ángeles impulsaron medidas cautelares para evitar que los sospechosos de pertenecer a estos grupos se reúnan en público, vistan cierto tipo de ropa o usen un teléfono celular, entre otras restricciones.

“Este fallo envía a la ciudad un mensaje claro: no puede quitar las libertades básicas de los angelinos por capricho”, dijo Melanie Ochoa, abogada de ACLU del Sur de California en un comunicado.

La decisión de la jueza federal Virginia Phillips ordena levantar las sanciones establecidas contra unos 1.500 residentes de la ciudad.

Inicialmente, unas 9.000 personas estaban incluidas en esta lista a las que la policía habría impuesto las medidas cautelares, pero el número se redujo después que las autoridades admitieron que no había evidencia de que 7.500 de ellos fueran miembros activos de pandillas.

La mayoría de los incluidos por las autoridades en el mandato judicial son hombres de color o miembros de minorías étnicas.

Aquellos que violaran alguna de la prohibiciones son acusados de un delito menor y podrían enfrentar seis meses de cárcel y el pago de una multa.

La demanda cita el caso de Pedro Arellano, al que se le tenía prohibido estar en el jardín de su casa reunido con miembros de su familia.

“El uso de las restricciones por parte de la ciudad, que las impuso argumentando seguridad, ha violado el debido proceso durante casi dos décadas. Eso termina hoy”, agregó Ochoa.


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