Nuevos señalamientos de tortura cuestionan investigación de caso Ayotzinapa
Un nuevo informe de la ONU que hace referencia a “fuertes elementos” que indican tortura a 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos vuelve a cuestionar la controvertida investigación del caso Ayotzinapa, pese a que el Gobierno defiende que sigue “altos estándares internacionales”.
En el reporte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expuso que parte de los procesados sufrieron tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, que han sido encubiertas.
Son datos que, si bien ya habían sido expuestos por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso en México -que documentó torturas a 17 detenidos-, abundan en un delito que el relator de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, llegó a calificar de “generalizado” en el país.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la investigación, atraída por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), sobre la desaparición, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
En 34 casos, “los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, señala el reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.
El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que la Oficina identificó un “modus operandi” que comienza con la detención arbitraria de sospechosos y “demoras significativas” en su presentación formal ante el Ministerio Público, de entre ocho y 27 horas.
Estas demoras se han intentado justificar con explicaciones “no plausibles y no creíbles”, como fallas mecánicas de los vehículos policiales o manifestaciones “no existentes”.
Los actos de tortura ocurren fundamentalmente “durante las primeras 48 horas de la detención”, apuntó el representante.
Jarab explicó que “al menos 19 personas se autoinculparon durante la declaración ministerial” de delitos graves como asociación ilícita, delitos contra la salud (narcotráfico) o secuestro.
La ONU-DH señaló que uno de los que habría sufrido tortura y detención arbitraria fue Agustín García Reyes, antes de haber sido llevado al río San Juan en una diligencia “sin el registro adecuado” en el expediente del caso.
Esta acción es especialmente relevante porque en ese lugar, un día después, la Marina encontró una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 jóvenes.
De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros de un grupo criminal que los mataron, incineraron y arrojaron las cenizas al río.
Jarab reconoció que hubo un “auténtico esfuerzo” para investigar y determinar posibles responsabilidades legales de funcionarios públicos, como quedó plasmado en el proyecto de un informe de la Visitaduría General (asuntos internos) de la PGR.
No obstante, posteriormente el responsable de esta investigación interna, César Chávez, fue reemplazado y las conclusiones preliminares fueron modificadas, “diluyendo las responsabilidades y manteniendo en la impunidad las violaciones cometidas”.
Por esto, la Oficina recomendó que la Visitaduría realice una investigación “exhaustiva” que alcance “la posible responsabilidad de los superiores jerárquicos” de quienes hayan cometido irregularidades, “así como todas las actividades de posible encubrimiento que hubieran favorecido la impunidad”.
Asimismo, pidió a las autoridades judiciales que se declaren nulas “todas las pruebas cuando existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura”.
Ante los planteamientos de si esto último dejará libres a los imputados, Jarab argumentó que esto no tendría que pasar necesariamente “si hay otras pruebas, además de las obtenidas bajo tortura”.
Por su parte, el Gobierno mexicano respondió hoy al informe diciendo que “las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba”.
Argumentó que ha seguido “los más altos estándares internacionales existentes” y que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.
En este sentido, Jarab recordó que instituciones internacionales han expresado su preocupación por “la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul” en México -empleado “demasiados meses o años después de los hechos”-, y recordó que este ha de aplicarse “en el contexto de otras pruebas” y no como instrumento único.
