Migrantes, doblemente propensos a trabajar en sectores que violan reglamentos
Los trabajadores inmigrantes, que representan el 17 % de la fuerza laboral en EE.UU., son dos veces más propensos que los estadounidenses de nacimiento a trabajar en sectores que violan los principios laborales, según un estudio dado a conocer hoy.
El informe “Apalancamiento estratégico: Uso de leyes estatales y locales para hacer cumplir estándares de trabajo en ocupaciones con alta densidad de inmigrantes”, presentado por el Instituto de Política de Migración (MPI), destacó algunos de los problemas más comunes que enfrentan los trabajadores extranjeros en estos sectores.
“Estas violaciones de las leyes sobre horas y salario al igual que las de salud y seguridad laboral con frecuencia se remontan hasta la naturaleza cambiante de la relación entre los trabajadores de bajos salarios y las compañías que los contratan”, anota el reporte.
Así, la práctica de clasificar erróneamente a estos trabajadores como “contratistas independientes”, y no como empleados, evita que estén protegidos por muchas leyes laborales y excluye a las empresas de pagos de beneficios legales y otras contribuciones.
El análisis elaborado por Andrew Elmore y Muzaffar Chishti, investigadores de MPI, destaca que estas situaciones “son comunes en industrias de bajos salarios desde la construcción hasta el transporte”.
En sus conclusiones, Elmore y Chishti anotan que debido a que el Gobierno federal “se ha distanciado de las regulaciones en los sitios de trabajo”, los esfuerzos estatales y locales son “una forma natural de llenar este vacío”.
“El deterioro de los estándares laborales y el reciente distanciamiento federal de la regulación de los sitios de trabajo subrayan la necesidad de un esfuerzo de cumplimiento estratégico y fuerte (a nivel) estatal y local”, recalca el informe.
La clasificación errónea de los trabajadores como contratistas independientes es un “problema persistente y creciente”, aunque es difícil establecer numéricamente una escala que refleje la realidad de esta costumbre, indican.
Por lo mismo, el análisis sugiere que los gobiernos locales y estatales que tienen el poder de inspección y auditoría deben desarrollar “capacidades analíticas de manera que se dirijan estratégicamente a empleadores que violan las leyes de tiempo y salario con fraude en sus nóminas”.
La utilización del poder de “acusación y persecución de los delitos laborales” aplicado selectivamente a casos “flagrantes, intencionales y repetidos” es otra de las varias “acciones de apalancamiento” que recomienda el estudio.
