Anuncio

California se defiende de la demanda de Trump contra sus leyes migratorias

Share
EFE

El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, y el fiscal general del estado, Xavier Becerra, prometieron hoy que se defenderán ante la Justicia de la demanda que interpuso anoche el Gobierno de Donald Trump en contra de tres leyes migratorias de su estado.

En una rueda de prensa en la ciudad californiana de Sacramento, Brown consideró que la demanda muestra el deseo de Trump de declarar la “guerra” a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados.

Brown fue especialmente duro con el fiscal general Jeff Sessions, que hoy acudió a California para dar un discurso y defender la demanda de su Gobierno.

Anuncio

Indicó que, con la demanda, Sessions no está actuando como el máximo responsable de la Justicia de EEUU, sino como uno de los protagonistas de la cadena televisiva conservadora Fox, en un intento por satisfacer a la base de Trump y al propio presidente, que ha amenazado con despedirle en varias ocasiones.

“El Gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, llegó a decir Brown, en referencia a las personas cercanas al presidente que han sido imputados por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump para influir en las elecciones de 2016.

En base a esas acusaciones, Brown aseguró que el Gobierno de Trump carece de credibilidad y aseguró que las leyes de su estado no ponen en peligro al país, como afirma el Ejecutivo en su demanda.

En concreto, la demanda del Gobierno, interpuesta anoche en la corte del distrito este de California, se dirige contra tres leyes “santuario” que el estado aprobó el año pasado para proteger a los inmigrantes y que, a juicio, del Ejecutivo violan la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal.

Con su demanda, el Ejecutivo pide a un juez federal que bloquee la implementación de esas leyes.

En rueda de prensa, junto a Brown, el fiscal general de California, Xavier Becerra, prometió que defenderá las políticas migratorias de su estado en los tribunales y aseguró que California “respeta las leyes” y tiene capacidad para implementar cambios a nivel estatal.

Una de las leyes en cuestión permitió a California convertirse el 1 de enero en un “estado santuario” para los inmigrantes, lo que significa que la policía local y estatal no puede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que han cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.

En concreto, esa ley permite a los inmigrantes que han cometido un crimen salir en libertad, una vez cumplida su condena, y no ser expulsados a su país de origen.

La segunda ley contra la que se dirige la demanda prohíbe a las empresas de California cooperar con el Gobierno para deportar a inmigrantes, mientras que la tercera permite a la policía estatal inspeccionar los centros de detención, donde están encerrados los extranjeros a la espera de ser expulsados.

En su viaje hoy a California, Sessions defendió su demanda y redobló sus ataques contra las autoridades locales.

“California está usando todo su poder y el que no tiene para impedir la aplicación de la ley federal. Así que, pueden estar seguros, de que voy a utilizar todos los poderes a mi disposición para detenerlos”, aseguró Sessions, que intervino ante una asociación de policías de California.

Desde su llegada al poder el 20 de enero, el presidente, Donald Trump, ha emprendido una cruzada contra “las ciudades santuario”, a las que acusa de poner en peligro la seguridad de sus vecinos y a las que ha tratado de privar de fondos federales, destinados por ejemplo a mejorar el equipamiento de sus agentes.

El Departamento de Justicia ha tratado de implementar esa orden de Trump, pero de momento se lo han impedido jueces de Chicago, San Francisco y Filadelfia.

La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump al estado de California, que por su tamaño y por su claro dominio demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en materia migratoria.

Anuncio