Guatemala se estanca en materia judicial y la violencia se ceba con los activistas
Miles de personas seguían huyendo en 2017 de una Guatemala asfixiada por la desigualdad y la violencia mientras se obstaculizaban los avances en materia de Justicia, lo que afectó, principalmente, a grupos vulnerables como los defensores de derechos humanos, que corrían “grave peligro”.
Así lo ha denunciado Amnistía Internacional (AI) en su informe 2017-2018, en el que destaca que “la impunidad y la corrupción persistían y debilitaban la confianza de la opinión pública en las autoridades locales” guatemaltecas.
“La impunidad seguía siendo generalizada y factor clave en los abusos y violaciones de los derechos humanos”, en especial de los de los activistas del territorio y el medioambiente, que afrontaron “campañas de difamación” y “constantes amenazas y ataques”.
En ocasiones se hizo “un uso indebido del sistema judicial para atacar, hostigar y silenciar” a quienes defendían los derechos humanos del colectivo, con ataques como el homicidio de Sebastián Alonso Juan, asesinado en una protesta pacífica contra la construcción de proyectos hidroeléctricos en la región de Ixquisis.
También destaca la crisis de refugiados, pues entre enero y octubre casi 19.000 personas solicitaron asilo en otros países, aunque muchos fueron devueltos a Guatemala sin ninguna protección.
En el informe, AI también subraya la decisión del presidente, Jimmy Morales, de intentar expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, lo que desató una “crisis política” con la dimisión de varios ministros.
Ese intento de Morales provocó protestas en un país en el que sigue “la intimidación y las presiones” a jueces y fiscales.
“Las medidas puestas en marcha para combatir la impunidad corrían grave riesgo de verse afectadas por la resistencia creciente de ciertos actores políticos”, abunda el informe, que agrega que tampoco se lograron aprobar las reformas constitucionales promovidas desde 2016 para reforzar la independencia del poder Judicial.
La impunidad y la corrupción menoscabaron los avances en materia judicial, con varios casos de “gran repercusión” sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra que seguían estancados por recursos y amparos intencionados y cuyas víctimas sufrieron “intimidación y acoso dentro y fuera del juzgado”.
Aún así, destaca la reanudación del nuevo juicio por genocidio al exdicator José Efraín Ríos Montt y su exjefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de matar a más de 1.700 indígenas ixiles durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983.
AI también recordó que el 8 de marzo de 2017, hace casi un año, 41 niñas murieron calcinadas en un incendio en el centro estatal Hogar Virgen de la Asunción cuando estaban encerradas bajo llave.
Esas muertes revelaron “la falta de medidas suficientes y adecuadas para proteger los derechos de la infancia en Guatemala”, un país en el que los altos índices de embarazo infantil siguen siendo “especialmente preocupantes”, con 69.445 partos en jóvenes de entre 10 y 19 años entre enero y septiembre.
