Amnistía Internacional denuncia deterioro de la seguridad pública en Brasil
La seguridad pública de Brasil se deterioró en el transcurso del año pasado, periodo en el que aumentó el despliegue de las fuerzas armadas para labores policiales y del orden público en el país, según el informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-18 presentado hoy.
“Las políticas de seguridad pública seguían basándose en intervenciones públicas policiales muy militarizadas, motivadas principalmente por la denominada ‘guerra contra las drogas’”, destacó AI.
La divulgación del informe se produce tan solo días después de que el Gobierno brasileño cediera a las fuerzas armadas el control de la seguridad en Río de Janeiro para afrontar la crisis de violencia que vive el estado.
AI recordó que en enero del año pasado el Ministerio de Justicia anunció un Plan Nacional de Seguridad Pública para reducir la cifra de homicidios, combatir el tráfico de drogas y llevar a cabo una revisión del sistema penitenciario.
Sin embargo, “no llegó a presentarse ni implementarse un plan detallado y exhaustivo, y la situación en materia de seguridad pública se deterioró en el transcurso del año”, subrayó.
Los datos nacionales reunidos y publicados en 2017 por el Foro Brasileño de Seguridad Pública revelaron que en 2016 un total de 61.619 personas fueron víctimas de homicidio en Brasil.
En varias ciudades se incrementaron los casos de homicidios múltiples y las “chacinas”, como se conocen a las matanzas múltiples al estilo de ejecuciones, sin que, a menudo, las autoridades lo investiguen de forma adecuada.
Amnistía Internacional también resaltó la situación del sistema penitenciario brasileño, el “cual seguía masificado y quienes estaban en prisión padecían condiciones inhumanas y degradantes”.
El documento señaló que el 40 % de los reclusos estaban en prisión preventiva y recordó que en enero de 2017 se produjeron motines en varios estados de Brasil que dejaron 123 muertos, de los cuales 64 de ellos en el estado de Amazonas.
Sobre el conflicto de tierras, AI subrayó que en 2017 persistieron los ataques “frecuentes y violentos” de hombres armados a sueldo de latifundistas y madereros ilegales.
Continuó también la invasión de territorios indígenas, lo que provocó varios episodios de violencia contra los pueblos originarios, según AI, que destacó que un decreto del Ministerio de Justicia cambió el proceso de demarcación de tierras, dejando a los indígenas más vulnerables frente a la presión de los terratenientes.
De acuerdo con datos del Consejo Indigenista Misionero, al menos 118 indios fueron víctimas de homicidios en 2016.
La intolerancia contra la libertad religiosa aumentó, al igual que los ataques contra las lesbianas, homosexuales, transgénero e intersexuales, de acuerdo con el documento.
Según el Grupo Gay de Bahía, 277 personas fueron víctimas de homicidio en Brasil entre el 1 de enero y el 20 de septiembre, la cifra más alta desde que esa organización empezó a recopilar datos en 1980.
En medio de ese escenario, los defensores de los derechos humanos, especialmente quienes trabajan en zonas rurales, fueron objeto de amenazas, agresiones y homicidios.
En su informe, la organización también subrayó que varias propuestas que supone una amenaza para los derechos humanos avanzaron en el Legislativo brasileño, entre ellas una que quiere imponer una prohibición total del aborto.
