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Amnistía Internacional denuncia uso de la fuerza contra protestas en Paraguay

La CIDH había pedido aplicar las medidas cautelares para proteger a dichas comunidades y alcanzar un acuerdo de solución amistosa en un caso pendiente ante esa corte por la violación de los derechos de estos pueblos indígenas. EFE/Archivo

La CIDH había pedido aplicar las medidas cautelares para proteger a dichas comunidades y alcanzar un acuerdo de solución amistosa en un caso pendiente ante esa corte por la violación de los derechos de estos pueblos indígenas. EFE/Archivo

EFE

Amnistía Internacional (AI) denuncia el uso de la fuerza policial para acallar las protestas en Asunción contra la reelección presidencial y la falta de aplicación de sentencias sobre comunidades indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el informe de AI de 2017, esta organización defensora de los derechos humanos se refiere a las protestas registradas entre el 31 de marzo y el 1 de abril, en medio del intento de aprobación de una enmienda constitucional para aprobar la reelección presidencial, que derivaron en la quema parcial del edificio del Congreso, en Asunción, por parte de grupos de manifestantes.

Amnistía destaca las denuncias de organizaciones locales, que informaron de un total de 200 detenciones y de supuestas torturas y otros malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad contra los arrestados.

En el marco de esas protestas, señala la muerte del joven Rodrigo Quintana, quien falleció presuntamente por disparos de la Policía Nacional cuando uniformados irrumpieron en la sede del opositor Partido Liberal.

Resalta que en junio, en respuesta a las denuncias del ataque policial a veintitrés periodistas en esas protestas, la Policía Nacional adoptó un protocolo de seguridad para informadores en peligro.

AI indica que, tras las protestas y la quema del Congreso, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y representantes de su partido acusaron de forma pública a los periodistas Menchi Barriocanal y Óscar Acosta de incitar a la violencia y amenazaron con su detención.

El texto menciona que el Comité de las Naciones Unidas sobre la Tortura pidió investigaciones imparciales sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias y el enjuiciamiento de los responsables, mientras la Justicia paraguaya todavía tiene en marcha las pesquisas.

AI recuerda que ese comité también recomendó realizar una investigación independiente de la masacre de Curuguaty en 2012, cuando once campesinos y seis policías murieron durante unas protestas en el departamento de Canindeyú (este del país).

Asimismo, aconsejó investigar las presuntas violaciones de derechos cometidas durante los procedimientos judiciales contra once campesinos y campesinas juzgados en relación con ese caso.

Por otra parte, en el informe AI trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y, al respecto, señala que dieron comienzo las negociaciones entre el Gobierno y representantes de los ayoreo totobiegosode, que vivían en aislamiento voluntario.

La CIDH había pedido aplicar las medidas cautelares para proteger a dichas comunidades y alcanzar un acuerdo de solución amistosa en un caso pendiente ante esa corte por la violación de los derechos de estos pueblos indígenas.

AI también se refiere a la sentencia del tribunal sobre la comunidad yakye axa para la reposición de sus tierras, al igual que la comunidad sawhoyamaxa, ambas a la espera de que el Gobierno cumpla lo establecido por esas sentencias.

Otro asunto abordado en el texto es el de los desalojos forzados, como el ocurrido en Guahory en 2016, comunidad que espera la expropiación de 900 hectáreas de terreno para volver a establecerse en el lugar del que fueron “desalojados a la fuerza”.

En cuanto al sistema penitenciario, AI manifiesta que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya había denunciado en 2016 la falta de protocolos de prevención y sistemas de evacuación antes del incendio, en septiembre, de un centro de menores que dejó dos fallecidos y doce heridos en Ciudad del Este,

En cuanto a la igualdad de género, AI remarca la resolución del Ministerio de Educación y Ciencias de prohibir en los centros públicos material sobre la “teoría de género”, lo que, en su opinión, “en la práctica restringía los materiales relativos a la igualdad de género, los derechos reproductivos, la sexualidad y la no discriminación”.


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