Amnistía denuncia la situación de los indígenas y con el aborto en Argentina
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la situación en Argentina de los pueblos indígenas, que se siguen “criminalizando y discriminando”, la falta de aborto legal y los “obstáculos” al mismo incluso en casos de violación o por salud, y los “retrocesos” en los derechos de los inmigrantes.
En su informe anual, el organismo de derechos humanos constató la agresividad de las fuerzas policiales con las comunidades indígenas, y destacó el caso de la muerte del joven manifestante Santiago Maldonado, producida tras un operativo “ilegal” en tierras de un grupo mapuche.
Además de relatar las “intimidaciones” mediante detenciones y juicios a los que se enfrentan los activistas indígenas, AI aseguró que la mayoría de pueblos originarios aún no cuentan con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, contemplados en la Constitución, y censuró los planes de inversiones en yacimientos de petróleo en zonas mapuches sin su participación.
Por otra parte, en 2017 las mujeres seguían teniendo “dificultades” para acceder a un aborto legal incluso en los casos de violación o de riesgo para su salud, ambos ya aprobados; una observación a la que Amnistía sumó una petición para que la interrupción del embarazo se despenalice plenamente.
Como aspecto positivo, el informe apuntó a la ley promulgada en noviembre de paridad de género, que garantiza un 50 % de mujeres en las listas electorales.
Acerca de los inmigrantes, AI criticó que el Gobierno modificase la ley para limitar sus derechos de entrada y residencia y poder acelerar las deportaciones, y calificó de “lento e insuficiente” el programa de acogida de solicitantes de asilo.
Frente a los 3.000 refugiados sirios que Argentina se comprometió a recibir, Amnistía cifró en menos de 400 a las personas que habían sido acogidas.
Otra de las acusaciones de la ONG fue la de represión en varias protestas, con un “uso excesivo” de la fuerza por parte de la policía y detenciones “arbitrarias” e “indiscriminadas” de manifestantes.
AI puso de relieve la situación de la activista y diputada del Parlamento del Mercosur Milagro Sala, detenida desde hace dos años, y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para ella arresto domiciliario, una exigencia que, según Amnistía, solo se ha cumplido parcialmente y de manera contraria a las normas nacionales e internacionales.
Los juicios por los crímenes de la última dictadura (1976-1983) ya suman desde que comenzaron las condenas en 2006 un saldo de 756 personas declaradas culpables y 74 absueltas, de acuerdo al organismo, que celebró la aprobación parlamentaria de una ley para no aplicar el beneficio del “2x1” (contabilizar como doble el tiempo en prisión provisional) a los delitos de lesa humanidad.
Por último, en la causa del atentado contra la mutua judía AMIA de 1994, que dejó 85 muertos, Amnistía aseveró que la transferencia de información clasificada de la Fiscalía al Ministerio de Justicia “pone en peligro” la independencia de la investigación y restringe el acceso a las pruebas.
