La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a la espera de un préstamo
La estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico vuelve a estar en el ojo del huracán, después de que una jueza en Nueva York le denegara un préstamo de emergencia a la empresa, ya de por si en estado delicado, y que hoy anuncio que casi cinco meses después del huracán María ha restablecido el servicio al 80,3% de sus 1.183.945 clientes.
Laura Taylor, la jueza que lleva el caso de la quiebra del gobierno de la isla, denegó ayer en una vista la citada petición, de 1.000 millones de dólares, formulada en enero por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico.
La decisión se basa en que la jueza considera que la JSF y los representantes del ejecutivo de la isla, no demostraron la necesidad de dicha financiación urgente, pese a que la AEE se encuentra en estado grave.
En la sesión celebrada ayer la jueza dejó la posibilidad de que la JSF presentara la solicitud de los 300 millones y el resto de la cantidad, hasta mil millones, lo hiciera al Gobierno de Puerto Rico.
La alarma saltó en la intervención en la vista de Todd Filsinger, asesor de la AEE, quien llegó a afirmar que en caso de que la compañía no reciba financiación de aquí al miércoles podría verse obligado a racionar la luz, no podría funcionar a inicios de marzo y se podrían ver obligados a despedir a trabajadores.
Hoy la JSF ha vuelto a solicitar un préstamo, en esta ocasión de 300 millones.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo J. Portela Franco, aseguró hoy que tras evaluar la determinación de la jueza, la Junta de Supervisión Fiscal y la AAFAF presentaron una nueva solicitud para lograr obtener una línea de crédito de 300 millones para la AEE.
“Se presentó una moción con los nuevos términos del préstamos para la AEE”, indicó Portela en un comunicada.
La moción contiene términos modificados como que lo que sería una inyección de dinero no tendrá gravamen sobre los ingresos de la AEE; es por 300 millones, según indicó la jueza Swain; mantendrá el “Super Priority Administrative Expense Status”; tendrá una tasa de interés de 5%; y un término de 30 años, explicó Portela.
“Nuestro norte sigue siendo velar por los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, y que las operaciones de la AEE no se vean interrumpidas. Continuaremos trabajando incansablemente para lograr estabilizar la situación financiera de la corporación pública”, concluyó el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo J. Portela.
La situación en la que se ha visto envuelta la AEE, la pone de nuevo en la picota.
El problema de la electricidad es uno de los talones de Aquiles del actual ejecutivo de la isla.
Se trata de una compañía que antes del paso del huracán María ya estaba en estado “muy grave”, algo que ponen de relieve, entre otros, su millonaria deuda, algunas de sus instalaciones o el apagón de varios días en toda la isla en septiembre de 2016 que puso de relieve su debilidad
El ciclón, que destruyó gran parte del tendido eléctrico, la ha dejado en estado aún más débil.
Ante este grave panorama el pasado 22 de enero el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció la venta de activos de la AEE e indicó que se trata de una iniciativa que beneficiará a todos los segmentos de la sociedad y que significará un punto de partida para el desarrollo de la economía de Puerto Rico.
El jefe del Ejecutivo subrayó que la privatización significará poner fin “al obsoleto sistema eléctrico” actual y un salto hacia la modernización de Puerto Rico.
El plan previsto anunciado supone que durante los próximos días comience el proceso de venta activos de la AEE a empresas que transformarán el sistema de generación en, aseguró, “uno moderno, eficiente y menos costoso”.
El proceso, que durará cerca de 18 meses, consta de tres fases, con una primera que definirá el marco legal mediante legislación a la vez que se “auscultará el mercado” y se abrirá la convocatoria para las empresas interesadas en participar en la transformación de la AEE.
En la segunda fase se recibirán las ofertas de las empresas y se procederá a su evaluación técnica, económica y financiera.
La fase final servirá para negociar los términos de adjudicación y contratación de las empresas seleccionadas que cumplan con los requisitos para la transformación del sistema energético.
