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Ordenan enjuiciar a exfuncionarios de Veracruz por desapariciones forzadas

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EFE

Autoridades judiciales ordenaron hoy procesar a 19 exfuncionarios, exjefes policiacos y agentes del oriental estado mexicano de Veracruz acusados de desaparición forzada de personas.

Durante una audiencia en juzgados del Penal de Pacho Viejo, un juez determinó que había elementos suficientes para iniciar juicio contra los exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) señalados de haber desaparecido a 15 personas como parte de una política de Estado.

Se trata de cuatro altos exservidores públicos: el exsecretario de Seguridad Púbica, Arturo Bermúdez Zurita; el exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el excomandante de la Fuerza Especial, José López Cervantes, y el exdirector general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.

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Además a 15 agentes y exagentes de Seguridad Pública estatal se les ratificó la prisión oficiosa y se concedió a la Fiscalía General del Estado un plazo de cuatro meses para investigaciones complementarias.

Durante la audiencia, que se inició el martes, la Fiscalía detalló que desde el gobierno de Duarte de Ochoa, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, se implementó una política oficial de desapariciones como parte de un supuesto combate al narcotráfico.

En las pruebas presentadas se dio a conocer que las 15 personas desaparecidas fueron detenidas en la ciudad de Xalapa, capital estatal, por ser sospechosas de ser “halcones” (vigilantes) del violento cártel del narcotráfico los Zetas.

Con base en declaraciones de testigos protegidos, la Fiscalía precisó que las mujeres detenidas eran violadas por los oficiales.

La Fiscalía consideró que hay 31 exfuncionarios, exjefes policiales y exagentes presuntamente vinculados con la desaparición forzada, de los cuales 19 están presos.

Oficialmente se encuentran como prófugos de la justicia el exsubsecretario de Operaciones y exsecretario de Seguridad en los últimos meses de 2016, José Nabor Nava Holguín; el exdelegado de seguridad de la Región III en Chicontepec, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, y el exdirector de Operaciones, José Manuel Martínez Sánchez.

Según documentos de inteligencia de dependencias de seguridad, áreas castrenses, navales y de seguridad nacional, al inicio de la gestión de Javier Duarte, el cártel de los Zetas mantenía el control absoluto en las siete regiones más importantes de Veracruz.

A mediados del 2011 incursionó en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río (la zona turística por excelencia) el grupo identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación “con la pretensión de desplazar al grupo de los Zetas del control de la plaza”.

Con asesinatos y enfrentamientos armados, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación desplazaron a los Zetas de cinco regiones veracruzanas.

A la par de la incursión de otros grupos delictivos, las fuerzas federales, castrenses y navales, de manera conjunta con el Gobierno estatal, pusieron en marcha el operativo especial de combate a la delincuencia denominado Veracruz Seguro.

Como parte de sus primeras acciones se efectuó el despido de todos los elementos de policías municipales e intermunicipales “que habían sido penetradas” por la delincuencia organizada, según se desprende del informe sobre la evolución del combate a los grupos delictivos del estado de Veracruz.

Las policías intermunicipales de Veracruz-Boca del Río; Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan, y Poza Rica-Tiahutlán desaparecieron y sus más de 2.000 agentes destituidos.

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